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El PSOE insta al Gobierno a hacer suya la medida de Andalucía para frenar los desahucios

Soraya Rodríguez asegura que en la Constitución "la propiedad privada está vinculada a una función social", justificando así la expropiación a los bancos de las viviendas que van a ser desalojadas

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El principal partido de la oposición quiere que el decreto-ley sobre la Función Social de la Vivienda aprobado ayer por la Junta de Andalucía se extienda por todo el Estado. Por eso, el PSOE instará al Gobierno a hacer suya esa propuesta que contempla, entre otras medidas, la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas 'en inminencia' de desahucio, 'en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas', y sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías. 

El diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, coordinador de la interparlamentaria del PSOE de Andalucía, preguntará el próximo miércoles, en el pleno del Congreso, a la ministra de Fomento, Ana Pastor, 'cuáles son las razones por las que el Gobierno no pone en marcha medidas efectivas, como las decretadas recientemente por la Junta de Andalucía, para frenar los desahucios y aumentar el parque de viviendas en alquiler'.

Para los socialistas, la iniciativa aprobada ayer por el Ejecutivo andaluz no puede ser más positiva. La portavoz del partido en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, ha considerado que el decreto-ley constituye 'una señal y un aviso muy claro al Gobierno central, que tiene que actuar ya en este tema'. 'La propiedad privada en nuestro texto constitucional está vinculada a una función social que muchas veces olvidamos', ha añadido Rodríguez en los pasillos del Congreso.

Por eso ha defendido que esa iniciativa de expropiación 'temporal' anunciada por el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán, tiene como objetivo ayudar a las personas que no pueden pagar la hipoteca porque han perdido su trabajo y se encuentran en situaciones especiales de 'exclusión'. Y ha explicado que la idea de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Vivienda que dirige Elena Cortés, de IU, es que esas personas puedan pasar un máximo de tres años en la vivienda, hasta que su situación económica y social mejore.

Esta decisión demuestra, a juicio de Rodríguez, que 'los gobiernos pueden y deben actuar' y que las medidas que ponen en marcha 'pueden cambiar la situación de la gente'. 'Con las decisiones que toma el Gobierno de España la situación empeora, pero hay gobiernos que buscan paliar las dificultades', ha insistido.