Publicado: 28.04.2015 20:40 |Actualizado: 28.04.2015 20:44

El PSOE deja fuera a Rajoy de su lista de testigos en el caso de la caja B del PP

Los socialistas, que actúan como acusación particular, piden 28 años de prisión para los extesoreros Bárcenas y  Lapuerta, y 25 años para el exgerente Cristóbal Páez.

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Cospedal, Rajoy y Cospedal. /EUROPA PRESS

Cospedal, Rajoy y Cospedal. /EUROPA PRESS

MADRID.- El PSOE quiere que todos los secretarios generales del PP en los últimos años, a excepción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaren como testigos en un futuro juicio por la contabilidad B del Partido Popular. En concreto, solicita que sean citados como testigos Javier Arenas, Angel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal.

Así consta en el escrito de acusación del PSOE, en el que se solicita la declaración de otros 27 testigos, entre los que está el presidente del Senado, Pío García Escudero. Los socialistas no han solicitado la declaración del jefe del Ejecutivo, que fue secretario general del partido durante unos meses, entre los periodos de Arenas y Acebes, entre 2003 y 2004.



El PSOE solicita además 28 años de prisión para los dos extesoreros del partido, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y 25 años de cárcel para el exgerente Cristóbal Páez, según ha adelantado en los pasillos del Congreso el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas.

Pradas ha explicado que el PSOE considera además al PP "responsable civil" de la trama, no a título subsidiario, sino a título directo, porque "se ha estado beneficiando directamente" y no ha sido "perjudicado como defendía el PP".

"Vamos a ir con todas las consecuencias legales para que quede constancia lo que la ciudadanía tiene muy claro", ha señalado Pradas, subrayando que el PP se ha estado financiando durante 20 años" de manera ilegal, "pagando sobresueldos" y "pagando campañas electorales" con dinero b, con lo que "han estado haciendo una política de forma dopada".

"Responsables directos"

"Entendemos que los responsables directos son los secretarios generales y el propio presidente del partido, porque así lo establecen los estatutos de su partido", ha recalcado Pradas, pese a que finalmente el PSOE no ha solicitado la declaración como testigo de Rajoy, como ya hizo cuando, anteriormente, pidió la imputación de los secretarios generales Acebes y Cospedal y no la del presidente del Gobierno, aunque en un primer momento se lo planteó.

El 'número tres' del PSOE ha explicado que se solicita la comparecencia como testigo "de todos los secretarios generales del PP en los 20 años en los que han estado financiando ilegalmente a su partido".

Por lo que se refiere a los acusados, el PSOE pide 28 años de cárcel para Bárcenas y Lapuerta por los delitos de asociación ilícita; falsedad contable; delito electoral continuado; contra la Hacienda Pública, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil; blanqueo de capitales y apropiación indebida.

Para el exgerente, solicitan 25 años de cárcel por delito electoral continuado; delito continuado de falsedad contable; asociación ilícita; contra la Hacienda Pública, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

El PSOE pide además que todos los acusados abonen a la Hacienda Pública, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 1,4 millones de euros por las cuotas dejadas de ingresar en relación con los impuestos de sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, e IVA del ejercicio 2010 de la mercantil Unifica Servicios Integrales.

Además, pide que Bárcenas, Lapuerta y Páez abonen solidariamente 220.167,04 euros por la cuota dejada de ingresar en relación con el impuesto de sociedades del ejercicio 2008 del Partido Popular.

Y añade que del pago de las responsabilidades civiles deberán responder, en concepto de responsables civiles subsidiarios, el Partido Popular y la mercantil Unifica Servicios Integrales, la empresa encargada de la reforma de la sede del PP.

Una caja B durante 20 años 

En el escrito de conclusiones provisionales remitido a la Audiencia Nacional, el PSOE da por probado que desde 1990 y hasta "al menos el año 2008", el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal", lo que le habría llevado a operar "con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el Partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas".

Estas cajas, señala, funcionaron "a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o 'Cajas B', denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían las mismas en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública".

Los socialistas consideran que la conformación y estructura de esa caja B "se gestó en connivencia con los sucesivos secretarios generales del Partido Popular", dadas las funciones de administradores formales que tienen asignados.