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El PSOE pide a Zoido que explique el ascenso del comisario indultado por torturas

Héctor Moreno, que fue condenado a seis años de inhabilitación y cuya pena anuló el Gobierno de Aznar, ha sido nombrado jefe superior de Policía de Cantabria

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El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante un acto en la sede de su Departamento. EFE/Víctor Lerena

El PSOE ha emprendido una ofensiva parlamentaria en relación con el nombramiento de Héctor Moreno García como jefe superior de Policía de Cantabria, un comisario condenado en 1994 por torturas y detención ilegal a seis años de inhabilitación especial, pena que fue indultada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, como ha informado Público.

En primer lugar, el Grupo Socialista ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, José Ignacio Zoido; y del director general de la Policía, Ignacio Coisidó, precisamente para que expliquen “los criterios tenidos en cuenta” para dicho nombramiento, dado los antecedentes del comisario.

Pero, además, el portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, y el diputado por Cantabria, Ricardo Cortés, han registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno en la que piden más detalles en cuanto a esta decisión política.

En la pregunta, el PSOE quiere conocer “cuáles son los méritos específicos y especiales concurrentes de Moreno García que han sido valorados por el director general de la Policía” para dicho nombramiento, “y que precisamente no reúnen los más de cien comisarios principales que actualmente se encuentran en servicio activo con puestos de nivel y de rango inferior al de jefe superior”, se añade.

Recuerdan que estos cien comisarios que podrían haber obtenido dicho puesto, “en su trayectoria profesional nunca fueron condenados por delitos de tortura y detención ilegal, a diferencia del comisario nombrado”.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Héctor Moreno y a otros cuatro agentes de política a un total de 48 años de inhabilitación especial y cinco meses de arresto por torturar y detener ilegalmente a siete personas. Los hechos sucedieron en abril de 1982 cuando los agentes detuvieron en el barrio de Malasaña de Madrid a estos ciudadanos “sin causa alguna”, según la sentencia condenatoria.