Levantar diques para impedir que la guerra del agua anegue al PSOE. Con este objetivo, la Ejecutiva federal citó hoy en Madrid a representantes de los territorios implicados: Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Andalucía.

Al término de la reunión, la secretaria de Medio Ambiente y Política Rural, Soraya Rodríguez, apuntó el argumento que puede permitir a todos, especialmente al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, salvar la cara: el uso de agua procedente del Ebro, como solución 'de emergencia y temporal' para resolver el problema de abastecimiento de Barcelona y su área metropolitana, 'no es un trasvase'.

Pero Aragón mantiene las espadas en alto. Al contrario que los representantes de los demás territorios, que dieron su conformidad a la fórmula pactada entre La Moncloa y la Generalitat de Catalunya, el enviado de Aragón a Ferraz -el portavoz socialista en las Cortes autonómicas, Jesús Miguel Franco- evitó comprometer su parecer hasta que el Ejecutivo autonómico fije su posición definitiva.

Esto no se producirá, según fuentes del gobierno aragonés, hasta que tenga en sus manos 'los papeles' que le permitan conocer los términos exactos del acuerdo que apruebe el Consejo de Ministros y disponga de los informes técnicos preceptivos a que obliga el Estatuto de autonomía.

Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, reiteró que 'el Gobierno de Aragón está en contra de cualquier trasvase, como exige el Estatuto y queda reflejado en el pacto de Gobierno PSOE-PAR'. En consecuencia, reclamó 'otras soluciones', porque 'soluciones hay siempre más de una, y las más eficaces son siempre las que se basan en la gestión integral interna de las cuencas afectadas'.

Al mismo tiempo, lamentó que la negociación se haya planteado bilateralmente, sin contar con Aragón, aunque su presidente ha mantenido conversaciones con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y con la nueva ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado.

Mientras que intenta sellar posibles fugas en sus conductos internos, la dirección del PSOE censura la actitud del PP. 'El PSOE está dispuesto a consensuar la política del agua con el PP, pero está haciendo un uso partidista de un asunto de Estado. Le pedimos que cese en la agitación social', subrayó Soraya Rodríguez.

Desde diversas instancias socialistas se emplaza a los presidentes de Murcia y Valencia, del PP, 'a que digan públicamente cuál es el destino del agua que reclaman: si para el consumo humano, como en el caso de Catalunya, o para su desarrollo económico'.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, reclamó la necesidad de aprovechar la situación para 'abrir de una vez un debate nacional en serio'.

“No se trata de un trasvase, porque el trasvase exige la captación de agua del río, pasarlo de una cuenca a otra y hacerlo con vocación de permanencia. Se trata de una desviación de uso del agua ya disponible. No sale del Ebro ni un hectómetro cúbico más de agua”.

“Se afronta una situación de emergencia a través de la cesión de derechos de uso de regantes del Ebro, buscando la mejor conducción a través de las infraestructuras hídricas que ya existen desde 1981 y alargando las tuberías desde Tarragona hasta Barcelona”.FÓRMULA TEMPORAL“Es una solución temporal para paliar la situación de emergencia que se puede producir durante siete meses, para cuando estará en funcionamiento la desaladora de El Prat”.

“El Gobierno adopta la misma solución que en otros territorios. Lo contrario sería negar a los ciudadanos de Barcelona lo que se da los de Murcia, Alicante y Almería”

Desde Castilla-La Mancha se trasvasa en estos momentos agua procedente del Tajo para Murcia, Alicante y parte de Almería.