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Puig retira una docena de placas conmemorativas de altos cargos del PP condenados por corrupción

Hasta el momento se han eliminado del exconseller Rafael Blasco,  del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del exdiputado en las Corts Valencianes Pedro Ángel Hernández Mateo

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Carlos Fabra, Pedro Ángel Hernández Mateo y Rafael Blasco. EFE

VALENCIA.- El conseller valenciano de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha destacado que, hasta la fecha, se han retirado un total de 12 placas conmemorativas de dependencias de la Generalitat y municipales donde aparecía el nombre de personas que habían ocupado un cargo público y "han sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra la administración".

En concreto, Alcaraz ha señalado que se trata de siete placas retiradas del exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude de ayudas al Tercer Mundo; otras cuatro del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública y otra del exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado del grupo popular en las Corts Valencianes Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres años de cárcel por los delitos de falsedad documental y prevaricación.

El conseller Alcaraz ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts para explicar el grado de ejecución de las medidas adoptadas por el Consell para la retirada de placas de políticos corruptos en la Comunitat. Para el titular de Transparencia, la retirada de estas placas de edificios públicos tiene "un contenido simbólico fundamental para la regeneración democrática de la Comunitat".

Según ha explicado, esta iniciativa, aprobada por el Pleno de Las Corts el pasado 15 de octubre, ha sido posible gracias a la colaboración de ayuntamientos, diputaciones y ciudadanos que han identificado muchas placas ya que, "no existe ningún tipo de registro en el que consten las placas que se instalan ni los nombres que aparecen en ellas", ha afirmado el conseller.

Por ello, Transparencia ha estado en contacto con todas las consellerias para identificar las placas de edificios que dependen de la Generalitat para proceder a su retirada, además de remitir una carta a los 542 ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales de la Comunitat en la que les pedía apoyo en esta tarea.

Placas retiradas de dependencias municipales

Por otra parte, Alcaraz ha explicado que existen distinciones que figuran en edificios públicos que no pertenecen a la Generalitat, en los que "no podemos obligar a que retiren placas de sus edificios ni tampoco tienen la obligación de comunicarnos motu propio si lo hacen", ha subrayado el conseller.

Sin embargo, ha destacado que tienen constancia de que en muchos municipios se ha procedido a retirar las placas de sus edificios sin necesidad de comunicárselo.

Placa conmemorativa sobre Rafael Blasco que pide el alcalde de Elche que sea retirada. E.P.

También ha detallado que existen denuncias ciudadanas sobre la existencia de placas con nombres de condenados por corrupción que constan en dependencias de ayuntamientos o diputaciones a los que se han trasladado dichas denuncias pero que, sin embargo, no han informado de si han actuado o no, "entidades gobernadas actualmente por el PP", ha matizado el conseller Alcaraz.

Durante su intervención en la Comisión, el conseller ha explicado que continúan en esta iniciativa, puesto que "no es un tema cerrado, sino que requiere de nuestra atención continuada para que, a medida que vayan dictándose sentencias firmes por corrupción, procedamos en el mismo sentido que hemos actuado hasta ahora".

El conseller de Transparencia ha comparececido también para explicar el Código de Buen Gobierno, aprobado recientemente mediante decreto del Consell, del que ha destacado que se trata del primero de los cuatro decretos que desarrollarán la Ley de Transparencia porque para el Consell "era prioritario reforzar los vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones". Alcaraz