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Catalunya Puigdemont elude responder a Rajoy si declaró la independencia o no y ofrece un margen de dos meses para negociar

En una carta de dos folios, el president catalán vuelve a reiterar su apuesta por el diálogo y hace dos peticiones expresas al Gobierno español: "revertir la represión" y "concretar lo antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos".

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El president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras en el Parlament de Catalunya / XAVI HERRERO

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, ha evitado responder con claridad —al menos la claridad que le exigía el Gobierno de Mariano Rajoy en su requerimiento— a la pregunta de si el pasado 10 de octubre declaró la independencia de Catalunya o no durante su intervención en el Parlament de Catalunya. Puigdemont adjunta las referencias documentales de su intervención, así como de la ley del referéndum y los resultados del 1-O, entre otros enlaces, pero no concreta, tal como quería el Gobierno del PP, si declaró o no la independencia. 

Puigdemont, en cambio, remarca que, en todo caso, los efectos del "mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre" están "suspendidos" porque su "voluntad" es "encontrar la solución y no el enfrentamiento".

Aunque el plazo expiraba a las 10.00 horas, la esperada respuesta del presidente catalán fue difundida por la Generalitat a las ocho de la mañana. En una carta de dos folios, además de no responder, Puigdemont vuelve a apostar por el diálogo: ofrece un margen de "dos meses" para negociar una salida política al conflicto y propone a Rajoy concretar "lo antes posible" una reunión para "explorar los primeros acuerdos". 

"La prioridad de mi gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo", afirma Puigdemont en la carta. El presidente catalán fija un plazo de dos meses para concretar la reunión con el Gobierno central y propone que participen en este diálogo "todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo".

Puigdemont también emplaza a Rajoy a que se "revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Catalunya", y pone como ejemplo la comparecencia ante la Audiencia Nacional este lunes de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

"Brutal violencia policial"

Puigdemont también sostiene que existen otros tipos de represión: la vulneración de derechos fundamentales; la congelación de cuentas bancarias del Govern; la censura de internet y medios de comunicación; las detenciones de servidores públicos, y la "brutal violencia policial" ejercida contra la gente que estuvo en los colegios electorales el 1 de octubre.

En definitiva, el presidente catalán reclama levantar la intervención de las finanzas de la Generalitat por parte del Estado, además de poner fin a los varios procesos judiciales abiertos contra los responsables de la organización del referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont expresa su confianza en poder abordar esta vía de diálogo con el Gobierno central: "No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino de la solución".

También expresa su sorpresa por que el Gobierno central se plantee aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Catalunya, y avisa de que él suspendió la independencia no como "muestra de debilidad", sino como gesto para encontrar una solución al problema que existe.

Finalmente, el presidente reivindica varios datos que considera que avalan sus tesis: los más de dos millones de personas que votaron el 1-O; el 47,7% de catalanes que votaron a fuerzas independentistas en las elecciones de 2015, y el 80% que, a su juicio, avalan un "referéndum acordado".

(Habrá ampliación)