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La puntilla para el Constitucional

Descubrir que su presidente es miembro del partido en el Gobierno y que ha estado ocultándolo hasta ahora no ayuda en absoluto a reforzar el prestigio de la institución

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La posición de los tribunales constitucionales es siempre muy delicada en cualquier país del mundo. Sus decisiones, aunque se trate de decisiones jurisdiccionales y, por tanto, basadas en razonamientos jurídicos, tienen casi siempre una fuerte carga política, por los asuntos que tratan y por las consecuencias que producen, pues pueden anular leyes votadas por el Parlamento, es decir, puede borrar del mapa algo que ha sido decidido por los representantes de los ciudadanos.

Por ello, si hay algo con lo que no debe jugarse en un Estado constitucional es con la legitimidad del Tribunal Constitucional, una legitimidad que tiene su origen en la propia Constitución, pero que debe revalidarse también, día a día, con la calidad jurídica de sus decisiones y con el prestigio y la independencia de sus miembros.

Los partidos políticos, movidos por una lógica cortoplacista y pensando siempre en maximizar su poder, a veces no comprenden esto. A veces dan más valor a la rentabilidad inmediata derivada de disponer de una mayoría afín en un órgano como el Tribunal Constitucional, que a los beneficios que se derivan para el conjunto del sistema, a más largo plazo, de la existencia de un Tribunal prestigioso e independiente.

En este sentido, la polémica suscitada por la condición de afiliado al Partido Popular del actual Presidente del Tribunal Constitucional creo que, más que a un debate de tipo jurídico -pues es cierto que la redacción de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional puede dar lugar a interpretaciones contradictorias- nos lleva a un debate más profundo sobre cuáles deben ser, en un Estado democrático moderno, los espacios que deben permanecer ajenos a la intrusión partidista; los espacios, en definitiva, que no deben ser 'ocupados' por los partidos. Uno de esos espacios, es sin duda, el Tribunal Constitucional.

Personalmente, creo que cuando la Constitución y la LOTC se remiten al régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, para su aplicación a los magistrados del TC, esto significa que a ellos también ha de aplicárseles la prohibición de pertenecer a ningún partido político. Pero, aunque no se interprete así, aunque se interprete que lo único que se les aplica son, estrictamente, las incompatibilidades de jueces y magistrados, pero no las demás prohibiciones a las que están sometidos, entiendo que un mínimo sentido de Estado, de lealtad institucional, debería llevar a los partidos a abstenerse de promover al Tribunal Constitucional personas afiliadas o con un marcado perfil partidista.

Por tanto, la actitud del PP de llevar a 'uno de los suyos' hasta el Tribunal Constitucional, aunque fuese conforme a Derecho -algo que está por verse- es políticamente inadmisible en un Estado democrático de Derecho. Pero cuidado, no nos rasguemos las vestiduras por este hecho concreto. Tanto el PP como el PSOE, como los partidos nacionalistas, sobre todo en las últimas renovaciones, se han dedicado a meter a 'su gente' en el TC, primando la fidelidad por encima de cualquier otra cualidad de los candidatos. El hecho de que esta vez se trate de alguien con carné es solo un paso más del imparable avance de una partitocracia que tiende a extender los tentáculos a todos los órganos del Estado.

Por otra parte, además de la responsabilidad del PP en este caso hay que poner también en evidencia la actitud de la propia persona. He estado repasando la comparecencia del Sr. Pérez de los Cobos ante la Comisión de Nombramientos del Senado, el 6 de octubre de 2010, y no he encontrado ninguna referencia a su militancia política. Posiblemente alguien dirá que la Constitución ampara el derecho a no declarar sobre la propia ideología (artículo 16), pero en mi opinión ese derecho debe ceder cuando alguien aspira ni más ni menos que a convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional. A mi juicio, esa ocultación es motivo suficiente para poner en duda la buena fe del Sr. Pérez de los Cobos y, por consiguiente, para exigirle una responsabilidad. ¿Por qué no dijo nada? ¿Habría dicho algo si su militancia no se hubiera descubierto por otras vías?

En todo caso, es evidente que esta polémica llega en el peor momento para el TC. Después de las dilaciones en las renovaciones cuando el PSOE estaba en el Gobierno, después de las tensiones vividas en torno a la sentencia sobre el Estatuto de Catalunya, es evidente que el prestigio de la institución no estaba precisamente en su mejor momento. Desde luego, descubrir que su Presidente es miembro (o por lo menos lo ha sido) del partido del Gobierno y que ha estado ocultándolo hasta ahora no va a ayudar en absoluto a reforzar dicho prestigio.

* Óscar Sánchez Muñoz es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.