El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá ante el pleno del Congreso de los Diputados por el caso Gürtel y por la presunta financiación ilegal del PP el próximo miércoles por la mañana, según han informado fuentes de la Cámara Baja.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado para el miércoles 30 a las 9.00 de la mañana esta comparecencia extraordinaria que aprobó la semana pasada la Diputación Permanente. Además, se han aprobado otras cuatro comparecencias de ministros en comisión antes del 1 de septiembre.

La solicitud para esta comparecencia, de carácter urgente, fue presentada por un lado por el PSOE y Unidos Podemos -en su primera iniciativa conjunta desde que Pedro Sánchez ha vuelto a la Secretaría General de los socialistas- y por PDeCAT y ERC, por el otro. Estos grupos consideraban insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de Gürtel y reclamaban un debate más político sobre la financiación del PP.

El PNV decidió apoyar estas peticiones e inclinó la balanza en la Diputación Permanente del Congreso a favor de la comparecencia de Rajoy, que salió adelante entre la abstención de Ciudadanos y UPN y las protestas del PP. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ironizó con el poco interés que en su opinión despierta en la sociedad la urgencia de esta comparecencia: "He paseado por las playas y todo el mundo me decía que era urgente que viniera Rajoy".

En el pleno del miércoles, Rajoy tendrá que volver a dar explicaciones por Gürtel y la supuesta financiación ilegal de su partido en una comparecencia que fue pedida por los citados partidos después de que el jefe del Ejecutivo compareciese como testigo en el juicio del citado caso el pasado 26 de julio.

La declaraciçón del Presidente en la Audiencia Nacional

Rajoy subrayó entonces que sus funciones en el partido siempre han sido meramente políticas y no contables, y negó conocer la caja B reflejada en los 'papeles de Bárcenas' que, dijo, son "absolutamente falsos".

El jefe del Ejecutivo también ratificó ante el tribunal que fue él quien dio orden de dejar de contratar con las empresas de Francisco Correa -a quien negó conocer-, y afirmó que "jamás" supo que se pagasen comisiones por adjudicaciones y negó haber hecho nada a favor de Luis Bárcenas pese a los SMS que intercambiaron.

El mismo día de la declaración en el juicio del caso Gürtel, Pedro Sánchez reclamó a Rajoy su dimisión "por dignidad" y Podemos anunció su intención de pedir la comparecencia urgente del presidente en el Congreso.

Una solicitud que la formación morada y el PSOE acabaron presentando de forma conjunta, como lo hicieron también, en otra petición, PdeCat y ERC.

La oposición obliga a Cospedal a comparecer

La semana parlamentaria será intensa porque el Ejecutivo del PP ha aceptado otras cuatro comparecencias de ministros en comisión antes del 1 de septiembre. Uno de ellos será el titular de Fomento, Íñigo De la Serna, que ya se ofreció a explicar el papel de AENA en el conflicto laboral del personal de seguridad del aeropuerto de El Prat.

El Gobierno y la oposición también han coincidido en pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar cuenta de los errores del sistema de comunicación LexNET que a finales de julio dejaron al descubierto documentos de causas judiciales abiertas.

Además, también se aprobó la semana pasada citar en el Congreso en los próximos días al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para informar de las medidas sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en relación con Cataluña si la Generalitat utiliza recursos públicos para el referéndum independentista.

Igualmente, se dio vía libre por unanimidad a que la titular de Empleo, Fátima Báñez, informe al Congreso de sus planes sobre la renovación o no del Plan Prepara. Según el PP, esta comparecencia tendrá lugar el próximo martes, día 29.

Por último, añadió una quinta comparecencia del Gobierno, esta vez pese al voto en contra del PP. Afecta a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien deberá acudir a la comisión correspondiente antes del 1 de agosto para explicar la reciente orden militar que conmemoraba el aniversario del golpe de Estado franquista del 18 de julio de 1936 que dio paso a la Guerra Civil.