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Rajoy frena el contrainforme sobre los "agravios "denunciados por la Generalitat

Moncloa está preparando una respuesta a las denuncias del Ejecutivo de Mas sobre los incumplimientos financieros del Estado, pero admite que se está trabajando por reconducir la situación hacia el terreno de la 'moderaci&oacut

PÚBLICO / EUROPA PRESS

El Gobierno de Mariano Rajoy apuesta por una estrategia de moderación ante la deriva independentista en Catalunya. El jefe del Ejecutivo quiere fomentar el diálogo y ha optado por hacer el menor ruido posible y no soliviantar más a los independentistas.

Prueba de ello es que el propio Mariano Rajoy ha frenado la publicación del informe que iba a dar  respuesta al que la Generalitat publicó el pasado 15 de octubre sobre los supuestos 'agravios e incumplimientos'. El Govern de Artur Mas cifra en 9.376 millones de euros el coste de los incumplimientos y deudas del Estado con Catalunya en un informe que tituló La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de situación

Moncloa está preparando esta respuesta al Ejecutivo catalán, pero prefiere favorecer un clima de diálogo y entendimiento con Mas. Fuentes del Ejecutivo han admitido que en estas dos últimas semanas se está trabajando por reconducir hacia el terreno de la 'moderación y la tranquilidad' el problema abierto en Catalunya. Esas mismas fuentes consideran que publicar en este momento un contrainforme no ayudaría a templar los ánimos sino que podría contribuir a echar más leña al fuego.

Esta estrategia de conciliación choca con la reacción que tuvo Crsitóbal Montoro al conocer el informe de la Generalitat. El ministro de Hacienda dijo al día siguiente: 'Si Catalunya quiere insistir en el agravio, lo hace de manera poco inteligente'.

Desde Moncloa quieren un tono más moderado en la respuesta. En cualquier caso, Hacienda está recopilando datos y ya ha enviado a Moncloa algunos de ellos para elaborar ese contrainforme. Hacienda destaca que se han destinado a Catalunya 25.797 millones en medidas de liquidez a través de diferentes mecanismos extraordinarios de financiación. De esta forma, el Gobierno hará hincapié en que el Estado no maltrata a Catalunya ni se ha desentendido de sus problemas económicos, sino que le ha dado cobertura para atender todas sus necesidades financieras.

Moncloa considera que publicar en este momento un contrainforme  contribuiría a echar más leña al fuego

Igualmente, ese informe que se está preparando recordará que el Tribunal Constitucional ya señaló que el Estatuto catalán no puede obligar anualmente a fijar unas partidas de inversión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno recordará que la crisis económica ha puesto de manifiesto la importancia de mantener la financiación de los servicios básicos frente a los compromisos con infraestructuras. Así, insistirá en que lo importante es garantizar a través de la financiación el acceso a los servicios básicos en las mismas condiciones en todo el territorio nacional, han indicado fuentes gubernamentales.

Igualmente, ese informe destacará que el Ejecutivo de Rajoy ha adoptado muchas reformas que, por tener carácter básico, han contribuido a reducir el gasto en las Comunidades Autónomas. Según fuentes del Gobierno, son reformas que benefician a Catalunya y en las que el Estado ha asumido 'el coste político'.

De hecho, el Ejecutivo de Rajoy recordará al de Mas que muchas de esas reformas se han aprobado a sugerencia de Catalunya, entre ellas el llamado copago, la subida de las tasas universitarias, así como el incremento en la recaudación de impuestos (IBI, IVA, IRPF...) Todos estas medidas, a través de reducción de gasto o incremento de ingresos, benefician a Catalunya, según fuentes gubernamentales.

Según el Gobierno catalán, de los 9.376 millones que le adeuda el Estaso,  5.748 millones son deudas pendientes en infraestructuras; 672,6, fruto de la reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado; 1.715,2, por medidas que ha dictado el Gobierno central y que suponen un incremento del gasto por parte de la Generalitat; y 1.239,9, fruto de medidas estatales que implican un decrecimiento de los ingresos del Gobierno catalán.

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