40 años de relaciones diplomáticas entre España y China. Conmemorar este aniversario, así como fortalecer los intercambios económicos con el gigante asiático, eran los objetivos que perseguía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su visita a Pekín, prevista para el pasado 12 de septiembre. 

Pero la cumbre no pudo celebrarse y la foto entre Rajoy y su homólogo chino Xi Jinping no llegó a producirse. Las ocupaciones del dirigente asiático, finalmente, les impidieron coincidir. La cita, sin embargo, nunca llegó a anularse, sino que se aplazó hasta que se logren coordinar sus agendas. [En la imagen inferior, Rajoy con el expresidente Hu Jintao, en la cumbre del G-20 de 2012. EFE]

Todavía se desconoce la fecha en la que se producirá dicho encuentro [este diario ha intentado sin éxito confirmar con Moncloa y con el Ministerio de Asuntos Exteriores la agenda de Rajoy o del ministro José Manuel García-Margallo sobre futuros viajes a China], pero lo que sí es seguro es que el jefe del Ejecutivo ya no llegará a Pekín con las manos vacías. Tras la reforma de la ley de justicia universal, aprobada ayer en el Congreso sólo con los votos del PP y UPN, el recibimiento de Xi Jinping será —casi con toda probabilidad— cordial y agradable.

Y es que la nueva normativa, contra la que se han rebelado diversas ONG como Amnistía Internacional, la oposición, jueces progresistas y hasta los fiscales de la Audiencia Nacional, anula la causa abierta en este último tribunal contra los antecesores de Xi Jinping que tanto enfadó al actual dirigente. 'China expresa su fuerte malestar y su firme oposición a las instituciones españolas que manipulan este asunto', señaló en su día el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hong Lei. 'Esperamos que España tome con seriedad la preocupación china y no haga nada que dañe a este país o la relación entre China y España', agregó.

[El expresidente chino Jiang Zemin, acusado por la Audiencia Nacional de delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad, en una imagen de archivo. REUTERS]

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó, en noviembre de 2013, órdenes de arresto para el expresidente chino Jiang Zemin; el primer ministro chino a finales de los años 80  y principios de los 90, Li Peng; el exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular, Qiao Shi; el secretario del Partido Comunista en la región autónoma del Tíbet entre 1992 y 2001, Chen Kuiyan; y el ministro de Planificación Familiar de China en los años 80, Peng Pelyun. ¿Sus delitos? 'Lesa humanidad por dirigir un ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana'. O, lo que es lo mismo, 'genocicidio y crímenes de guerra' llevados a cabo tras la ocupación del Tíbet en 1950. Más de un millón de tibetanos fueron asesinados a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales del territorio fueron destruidas, según denunciaron las organizaciones querellantes.

¿Por qué tenía competencias la Audiencia Nacional para juzgar estos crímenes? Porque uno de los querellantes —entre los que se encuentran el Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet—, el lama Thubten Wangchen, tiene la nacionalidad española.  Por ello, en enero de 2006, la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado, ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, los límites impuestos por el Gobierno  —que ha utilizado la vía rápida para tramitar cuanto antes la nueva normativa— anulan una docena de causas de la Audiencia Nacional relacionadas con la vulneración de derechos humanos. Entre ellos, la investigación por el asesinato de José Couso o de los genocidios de Ruanda y el Sáhara. También, por supuesto, la causa china quedará sin efecto.

Jueces para la Democracia apuntó desde un principio la posibilidad de que el Gobierno hubiera sido presionado por China para reformar la ley de justicia universal. Recordando que 'la jurisdicción universal no supone ninguna invasión de la soberanía ajena, pues únicamente se activa ante los más graves crímenes de derecho internacional', la organización progresista apuntó a 'intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos' que aceleraron el 'entierro' de la justicia universal.

Y es que el PP se ha dado mucha prisa en modificar esta ley tras el rechazo del tribunal a paralizar esta causa. Primero fue la Fiscalía quien solicitó la anulación de las órdenes internacionales de arresto de los citados dirigentes asiáticos. Tras rechazar tal petición, el juez Ismael Moreno dictó —el pasado 10 de febrero— orden de busca y captura para el expresidente Zemin y el resto de exdirigentes comunistas.

Ese mismo día, el Pleno del Congreso debatía la reforma de la jurisdicción universal. En contra de lo habitual, los cambios legales no se acometerían a través de un proyecto de ley del Gobierno, sino con una proposición de ley por parte del partido que sustenta al Ejecutivo, lo que permitía acelerar los trámites y eludir informes de los órganos consultivos [el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado]. Ayer fue finalmente aprobada en la Cámara Baja, con los votos del PP y UPN y la denuncia de los grupos de la oposición por la 'vergüenza' de ley que convierte a la justicia universal en 'sorda, ciega y muda'.