Medio ambiente, pobreza energética, vivienda y derechos de los animales son algunos de los temas que ha recurrido el Gobierno en los últimos meses. Varias comunidades autónomas sacaron leyes para regularlos, sin embargo, no han salido adelante al presentar el Ejecutivo recurso contra ellas. 

Aunque ya fueron recurridas anteriormente, ha sido este lunes cuando se han publicado en el Boletín Oficial del Estado estos recursos promovidos por el Presidente del Gobierno: desde políticas antidesahucios a pobreza energética, pasando por otros temas como la Ley de Toros de Illes Baleares o de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya. 

De los recursos de inconstitucionalidad, cinco son a la Generalitat de Catalunya, dos a la Generalitat de la Comunidad Valenciana y una a las Illes Baleares. 

Pobreza energética y políticas antidesahucios

Uno de los temas sobre los que el Gobierno ha presentado varios recursos es sobre las políticas relacionadas con la vivienda: dos leyes del Consell de Ximo Puig, la 'antidesahucios' y la elaborada contra la pobreza energética.

El primero de los recursos se presenta contra el artículo 3 en los relativo al suministro de electricidad y gas de la Ley valenciana 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética. Este artículo restringe a las empresas de suministro el corte del servicio a los ciudadanos: "En caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera cortar el suministro por razones de impago, deberá comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales municipales para que estudien la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética, de manera previa al hecho de que se efectúe algún tipo de restricción o corte en el suministro". El Gobierno, argumenta que la competencia en esta regulación recae en materia estatal y no autonómica. 

El segundo recurso, contra varios artículos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana. Esta Ley tiene por objeto "regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana". Pero, según lo que argumenta el Ejecutivo, la regulación incurre en "extralimitación competencial" e invaden "las competencias estatales en materia de régimen de derecho de propiedad (art. 149.1.1ª de la Constitución Española, en relación con el art. 33 de la Constitución), de legislación procesal y civil (149.1.6ª y 8ª de la Constitución), "bases de la ordenación de crédito, banca y seguros" y "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" (artículos 149.1.11ª y 13ª de la Constitución, respectivamente)". 

La ley del cambio climático de Catalunya

Con respecto a la ley del cambio climático, aprobada por el Parlament el pasado uno de agosto, el Gobierno impugna varios artículos alegando que invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.

El objeto de la Ley es la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumento para actuar contra el cambio climático.

Entre los preceptos suspendidos se encuentra un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio. En la actualidad, en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales Nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona.

Protección de animales: ley de toros de Illes Balears

El Tribunal Constitucional también ha suspendido cautelarmente varios preceptos de la Ley Balear de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, conocida como ley de 'toros a la balear', que prohíbe la muerte del animal.

El Alto Tribunal suspende estos preceptos al admitir a trámite el recurso interpuesto contra la norma por el Gobierno, y establece la suspensión de los mismos desde el pasado 10 de noviembre -fecha en la que el Ejecutivo central interpuso el recurso- y reclamó la suspensión cautelar. El Tribunal Constitucional deberá ratificar o levantar esta suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Ciberseguridad, transporte e impuestos 

Otros temas sobre los que se ha publicado en el BOE esta mañana el recurso de inconstitucionaidad es sobre la Ley de la Generalitat de Catalunya 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, en el artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general". 

También en Catalunya se ha recurrido la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis, la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y el artículo 1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.