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Referéndum 1-O Forcadell recusa a todos los magistrados del TC por "falta de imparcialidad"

La presidenta del Parlament catalán reclama que paralicen cualquier acción penal cuando esta institución apruebe el referéndum que planea convocar el 1 de octubre, en contra de las resoluciones del alto tribunal

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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, responde a un diputado durante el Pleno. | TONI ALBIR (EFE)

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) que pide recusar a todos sus magistrados por "falta de imparcialidad" y reclama que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.

​Como no existe posibilidad de que otros magistrados decidan por ellos, es el propio Pleno del TC el que decidirá sobre esta recusación, según fuentes jurídicas, ya que la ley no prevé la formación de ningún tribunal de recusaciones integrado por personas ajenas a esta institución.

El escrito de Forcadell ha sido presentado en el Registro del Tribunal Constitucional, sin atribuir a ninguna causa concreta. Sólo existe un precedente de recusación de los doce magistrados del alto tribunal.

El Pleno se encontraba reunido en sesión ordinaria, pero no ha abordado el escrito de Forcadell ya que ha sido presentado formalmente en el Registro pasadas las dos de la tarde, según fuentes del TC.

Según fuentes parlamentarias, la iniciativa de Forcadell "pretende paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta".

La iniciativa se ha sabido durante la reunión de la Mesa del Parlament -que ha empezado este miércoles a las 10- que debe tramitar la ley del referéndum, que JxSí y la CUP prevén aprobar este mismo miércoles.

La recusación no paralizará la acción de este órgano si se rechaza de plano, es decir, si el propio órgano de garantías no admite su tramitación.

Recusación inédita

La petición de Forcadell es inédita, según fuentes jurídicas, porque en su escrito no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.

Entre éstos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedecer sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.

"El TC es una extensión más del Gobierno"

En su escrito, de 25 páginas, y que Forcadell presenta "en su condición de autoridad, como presidenta del Parlamento de Catalunya y diputada en representación de la coalición electoral Junst Pel Sí", la mandataria considera los miembros del TC no pueden entrar a aplicar estas medidas de ejecución de sus sentencias al haberse convertido en "una extensión más de Gobierno del Estado" respecto de los diferentes recursos que se han ido presentando contra iniciativas de esta cámara relacionadas con el proceso independentista.

Con su recurso, Forcadell "pretende paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta" mediante la presentación por el Gobierno de incidentes de ejecución de la sentencia que en diciembre de 2015 anuló la resolución soberanista y prohibió cualquier actuación dirigida a hacer realidad sus objetivos.

Para ello, pide al Tribunal que una vez admitida la recusación "o entretanto se decide sobre su admisión" acuerde dejar en suspenso dichas prohibiciones. El escrito podría ser contestado este mismo miércoles, ya que el TC se encuentra reunido en Pleno desde las 10.00 horas.

Precedente

Existen predecentes de recusación total de todo el TC, que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron el procedimiento en cuestión.

Se trata de las recusaciones planteadas por el abogado murciano José Luis Mazón en relación con una condena que impuso el Tribunal Supremo en 2004 a once de sus magistrados por la inadmisión arbitraria de un recurso. La condena fue recurrida en amparo por los propios miembros del Constiucional y este letrado les recusó al considerar que no podían ser juez y parte de este asunto, pero su petición se rechazó de plano por el propio Pleno del TC y el amparo fue finalmente concedido en 2013.