Ya no hay marcha atrás. Los partidos independentistas y el Govern de la Generalitat empezarán a transitar esta semana desde este miércoles por un territorio hasta ahora desconocido: el de la desobediencia abierta a la legalidad española. Lo harán en tres pasos. Aprobando en el Parlament, por la vía exprés, la ley que regula el referéndum del 1-0, convocando el propio referéndum y, una vez el TC haya suspendido la norma y prohíba poner las urnas, ignorando esta prohibición. Este mismo miércoles, probablemente, o como muy tarde el viernes.

El primer paso podría llegar pronto, este mismo miércoles por la mañana, en el primer pleno ordinario del Parlament tras las vacaciones. Salvo sorpresa mayúscula de última hora, las formaciones independentistas, JxSí y la CUP modificarán el orden del día -desde el pleno, sin pasar por la Mesa- para introducir la votación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación. El reglamento de la Cámara catalana permite este tipo de modificaciones por mayoría absoluta -y ambas fuerzas suman 72 de los 135 diputados del Parlament-. Una vía exprés que permitirá aprobar la ley en la misma sesión, al prescindir de los debates previos en comisión y al no permitir tampoco que los grupos soliciten un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

Aprobación exprés

Los partidos independentistas han optado por este método después de que el TC invalidara su plan A, una reforma de julio del reglamento del Parlament que permitía aprobar proyectos de ley en lectura única. Esta obsesión por la velocidad tiene una explicación. El independentismo considera imprescindible que la ley del referéndum esté en vigor antes de que el TC la anule, sin dar opción al Gobierno del PP y al Alto tribunal para suspender los trámites previos.

El president Puigdemont convocaría inmediatamente -probablemente, desde la misma Cámara- la consulta del 1-O, basándose en la ley recién aprobada. Una ley que, en su artículo 3.2, especifica que "prevalece sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto". El Govern y los partidos independentistas se acogerán entonces en este punto de la norma para ignorar la legalidad española, basándose exclusivamente en la legalidad catalana.

Toda esta secuencia de hechos está prevista en principio para este miércoles. Aunque ni los partidos independentistas ni el Ejecutivo catalán han dado fechas concretas, sí han dejado claro -por boca de Puigdemont, de la portavoz de JxSí y número dos de ERC, Marta Rovira, y este martes, de la CUP- que la ley se aprobará esta semana. Cabe la posibilidad, no obstante, de que no se acabe votando en el pleno ordinario del miércoles. Este martes por la tarde, JxSí y la CUP han solicitado formalmente al Parlament que convoque un pleno extraordinario para el viernes, de carácter monográfico, sobre "valoración de la acción política de gobierno actual y previsiones". Fuentes de JxSí afirman que se trata de disponer de una "vía más" para aprobar la ley del referéndum. Podría tratarse de una precaución extra por si la norma no puede tramitarse en el pleno ordinario. Pero también de una táctica para dificultar la inmediata suspensión por parte del TC, que se encontraría con el fin de semana encima.

Sea el miércoles o sea el viernes, los partidos no soberanistas dejarán claro su rechazo a la norma, y al método empleado para aprobarla. C's, PSC y el PP ya han anunciado que se ausentarán de la Cámara en el momento en que se deba votar la ley. Menos clara está cual será la actitud de Catalunya Sí Que Es Pot, que este martes no ha podido consensuar una posición única, y dará libertad de voto a sus diputados. Se prevén numerosas abstenciones. Pero también votos en contra, especialmente de los representantes de ICV. También es posible algún voto a favor, probablemente de miembros de Podem Catalunya.

Dos grandes incógnitas sobre la respuesta de Rajoy

Tampoco está clara la respuesta del Gobierno central. Sí es seguro que impugnará de forma inmediata tanto la ley del referéndum como su convocatoria, y que el TC las anulará con la misma inmediatez. Pero quedan abiertas dos incógnitas. La primera es si el Alto Tribunal decide suspender de sus funciones a políticos catalanes, incluyendo al propio Puigdemont y su ejecutivo. Algo para lo que el TC está facultado -por la reforma que aprobó el PP en solitario en 2015-, y para lo cual no se necesita trámite parlamentario alguno.

Y queda una segunda, y más importante incógnita por resolver. Si, en caso de que el Govern siga adelante con sus planes de celebrar unilateralmente el referéndum, el Ejecutivo de Mariano Rajoy intentará impedirlo. Si ordena a las fuerzas de seguridad -incluyendo a los Mossos- que impidan la colocación de las urnas, o que las retiren una vez colocadas. Una opción que cuadraría con las reiteradas afirmaciones desde Moncloa de que el referéndum no se celebrará. Pero que tendría un importante efecto en la opinión pública -también la internacional-. Y que, de hecho el independentismo está de acuerdo en que acabaría beneficiando a sus objetivos.

El Tribunal de Cuentas presiona

Justo antes de llegar a estos momentos decisivos en el proceso independentista catalán, desde las instituciones del Estado se incrementa la presión al soberanismo. El Tribunal de Cuentas ha citado para el 25 de septiembre -seis días antes del 1-O- al ex president Artur Mas y al resto de encausados por facilitar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, para que depositen una fianza conjunta de 5,12 millones de euros. Además, ha aumentado en siete personas el número de encausados que deben depositar esta fianza. En caso de no hacer efectiva la fianza, estos podrían enfrentarse al embargo de sus bienes.

Junto a Mas, están citados para efectuar el pago la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y los ex conseller Francesc Homs e Irene Ortega, y los altos cargos del Govern Jordi Vilajoana, Lluís Bertrán, Ignasi Genovés, Josefina Valls, Carolina Pardo, Jaume Domingo i Jordi Serra.

En rueda de prensa convocada de urgencia, Puigdemont ha acusado al Gobierno del PP de poner a loas instituciones del Estado "al servicio de la fábrica del miedo", y ha interpretado esta medida como una "señal de impotencia". "No se nos escapa el momento elegido", ha señalado el presidente catalán. Que ha añadido que "la determinación del pueblo de Catalunya" para celebrar el referéndum es "rotunda", y que este se llevará a cabo.