Ni la propuesta de Pedro Sánchez de limitar los aforamientos de los políticos ni la moción de Ciudadanos sobre su supresión han conseguido el apoyo general de los partidos políticos. La reforma que se ha puesto sobre la mesa, ha impulsado el debate de la inviolabilidad del rey, la cuestión territorial, la reforma constitucional y la consulta a la ciudadanía. Cuestiones que llevaban años rondando entre los partidos políticos, pero que nunca han llegado a tomar formar.

El Anteproyecto para la reforma exprés de la Constitución del Gobierno se prevé que llegue este viernes al próximo Consejo de Gobierno, según ha anticipado Adriana Lastra este martes en los pasillos del Congreso. Sin embargo, ni siquiera está clara la propuesta que se hará desde el Ejecutivo ya que no está detallado su contenido. De momento, lo que se ha concretado es que quiere impulsar la propuesta cuanto antes por el proceso ordinario, para lo que requiere la modificación de dos artículos de la Constitución y el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado.

Pero las reivindicaciones que han mostrado los partidos sobre sus propuestas ante una reforma constitucional aboca a las complicaciones del proceso que espera el Gobierno. En primer lugar, porque es imprescindible contar con el apoyo del Partido Popular para sumar la mayoría en la Cámara Alta. Pero también porque necesita los votos a favor del resto de partidos que quieren una reforma constitucional que vaya mucho más allá de lo propuesto.

Limitar o suprimir los aforamientos políticos

Lo avanzado por los socialistas hasta el momento es que sólo se plantea un cambio en la Carta Magna, por lo que sólo afectaría a los diputados, senadores y miembros del Gobierno, e indicando que la supresión tiene efecto salvo ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración en el cargo. Desde La Moncloa aseguraron a Público que esta reforma únicamente consistiría en modificar los artículos artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

Esta propuesta se limita a suprimir los aforamientos, frente a la propuesta de Ciudadanos debatida esta tarde que recoge la supresión total. Iniciativa que, aunque no tenga validez política ya que la que será efectiva es la que proponga el Ejecutivo, ha sido adelante contando con el apoyo del PP y del PSOE. De hecho, este mismo martes Albert Rivera acusaba al PSOE de querer "blindar los delitos de corrupción con su propuesta.

Otra diferencia es que Ciudadanos propone que se inste a los Parlamentos autonómicos a suprimir los aforamientos. Con la reforma constitucional de los socialistas, no se recogería este cambio ya que esta modificación depende de los Estatutos de autonomía aunque en comunidades como Murcia, Cantabria y Canarias ya han comenzado a acabar con ellos. Y, para el Gobierno, una vez limitados en la Constitución, "no tiene sentido que se mantengan en las comunidades", según ha expresado la portavoz parlamentaria de los socialistas.

Todos los aforamientos y la inviolabilidad del rey

Este martes han dejado claro sus posicionamientos desde el Congreso varios partidos: desde el PNV hasta Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu han pedido que si se reforma la Constitución habría que retirar inviolabilidad a la figura del rey. De hecho, es lo que llevado a los partidos a abstenerse en la moción de Ciudadanos, ya que el partido naranja rechazó la enmienda del PNV que pedía incluir esta supresión. En este sentido, Mikel Legarda, del PNV, ha criticado que  la moción de Ciudadanos no es más que una "operación de márketing político".

Esta petición pasa por modificar el artículo 56 de la Constitución, recogido en el Título II de la Carta Magna, lo que supone una reforma agravada que conlleva la disolución de las Cortes, la celebración de unas nuevas elecciones y la convocatoria de un referéndum de ratificación de la reforma, como recoge la propia Constitución.  

PSOE, Ciudadanos y PP no contemplan esta modificación. De hecho, Lastra también ha zanjado por parte de los socialista este debate sosteniendo que se podrán plantear matizaciones respecto a la propuesta, pero que la puerta a una reforma agravada, como la que afecta al jefe de Estado, está cerrada.

Los derechos sociales y el debate territorial

La diputada Meri Pita, de Unidos Podemos, ha defendido hoy comenzar un proceso constituyente que llegue más allá de los aforamientos: desde la eliminación de las puertas giratorias a un debate territorial, garantizar una Constitución feminista y el blindaje de los derechos sociales, como la sanidad, la educación o las pensiones. La diputada ha calificado de "insuficiente" la propuesta de Ciudadanos en cuanto a regeneración y también por plantear una reforma de la Constitución solo para los aforamientos. En ese sentido, desde el partido morado aseguran que si se toca la Carta Magna, deben tratarse las cuestiones de carácter social. 

Carles Campuzano, el portavoz parlamentario de PDeCAT, también ha criticado la propuesta del aforamiento político sin tocar ninguna reforma constitucional que vaya más allá, recriminando a Sánchez que se preocupe más por la política "efectista" que "efectiva". Además, ha advertido que "el conjunto de fuerzas políticas van a plantear otras cuestiones". Entre ellas, estará un referéndum sobre la independencia de Catalunya por parte de los partidos catalanes. 

También el diputado de ERC, Francesc Eritja, ha mantenido que su partido no quiere participar en “una nueva cortina de humo” criticando que esta medida no es una regeneración democrática que tendría que pasar por un “referéndum de autodeterminación” para Catalunya. En este sentido, Joan Tardà ya había explicado esta tarde que no legitiman la Constitución "porque es monárquica y niega el derecho a la autodeterminación" por lo que, de entrada, no se sentirán "concernidos" por su modificación. 

El referéndum a la ciudadanía

Además, Unidos Podemos ha hecho otra reclamación desde que Sánchez hizo su anuncio: cualquier reforma constitucional debe pasar por la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía ratifique lo decidido en el Congreso. 
El grupo confederal está en condiciones de forzar un referéndum, siendo la primera vez que una reforma constitucional pasa por una consulta a la ciudadanía. 

La Constitución recoge que una reforma puede ser sometida a referéndum si lo solicitan una décima parte de diputados tanto del Congreso como del Senado, es decir, 35 diputados. Unidos Podemos cuenta con 67 diputados por lo que podrán solicitarlo y forzar que se realice, a pesar de que el Gobierno sigue sin contar con ello para realizar la reforma.