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Observatorio continuo de JM&A para 'Público'

Reforma electoral La ley electoral, ideada para derrotar a la izquierda en 1977, sigue hoy repartiendo los escaños injustamente 

Por fin, los líderes de Unidos Podemos y Ciudadanos han acordado empezar a negociar una reforma de la ley electoral general cuyos efectos en la asignación de diputados por provincias han sido nefastos para los partidos minoritarios y han instaurado un bipartidismo PP-PSOE que niega la proporcionalidad democrática. ¿Por qué se fraguó así y cómo funciona?

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Mapas y tabla elaborados por Jaime Miquel sobre los escaños desplazados de la proporcionalidad por La Ley Orgánica de Régimen Electoral General en las generales de 2016 (en total, 29 escaños).

Han sido meses de cortejo parlamentario de Unidos Podemos a Ciudadanos, hasta que Pablo Iglesias ha logrado finalmente convencer a Albert Rivera de que es improrrogable cambiar una ley electoral que prima desorbitadamente a los dos grandes partidos que se alternan en el Gobierno desde la Transición, gracias a un reparto injusto de escaños diseñado para impedir que la voluntad de los electores dé un vuelco radical al poder establecido.

Porque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) consagró en 1985 un sistema electoral ideado tras la muerte del dictador para negar la proporcionalidad electoral que es básica en democracia con el objetivo de impedir a toda costa la victoria de las fuerzas políticas de izquierda, que sumaban mayoría en España en 1977. Y desde entonces ninguno de los grandes poderes que han ostentado el poder ejecutivo –tampoco CiU en Catalunya– han querido modificar ese mecanismo que retuerce los resultados electorales en beneficio del inmovilismo político.

Los resultados de las elecciones constituyentes de 1977 y su traducción al reparto de escaños en el Congreso de los Diputados ofrecen una llamativa imagen de la injusticia manifiesta del sistema que todavía rige en España 40 años después:

ELECCIONES GENERALES 1977 | Resultados y distribución proporcional de escaños. JM&A

En 1977, la derecha sumó 184 diputados y la izquierda, sólo 143. Habrían sido 160 y 162 aplicando la misma ley que empleamos en elecciones europeas

Estas cifras demuestran con claridad que el sistema electoral del retorno a la democracia "fue concebido para eliminar cualquier posibilidad de éxito de la izquierda", explica el analista demoscópico Jaime Miquel. "Mediante la aplicación de una ley rectora que luego fue la LOREG, la derecha sumó en aquellas elecciones 184 actas por 143 de la izquierda, que habrían sido 160 y 162 aplicando la misma ley que empleamos en elecciones europeas, por ejemplo".

Es decir, que cuando Felipe González y Santiago Carrillo aceptaron ese sistema de reparto en el Congreso de los Diputados, "el PSOE y el PCE se dejaron ganar esas elecciones constituyentes antes de que la gente empezase a votar", subraya el analista electoral del gabinete Jaime Miquel y Asociados (JM&A).

Aunque quizá es todavía más grave que hoy sigamos padeciendo esa misma manipulación de la representación parlamentaria de los votantes, como se puede comprobar en los dos mapas y la tabla que encabezan este artículo, correspondientes a las últimas elecciones generales, en 2016. Una situación que a menudo recibe explicaciones erróneas o parciales. Miquel la expone con números:

Unidos Podemos necesita sacar unos 600.000 votos más que el PSOE para empatar con el partido socialista en escaños

"Sabemos que Unidos Podemos necesita 2,5 puntos de votos válidos de ventaja (ahora, unos 600.000 votos más) sobre el PSOE para empatar en escaños en unas elecciones generales, aunque no se explica muy bien por qué. También sabemos que el 26 de junio de 2016 el PP se impuso 39 circunscripciones y perdió en 13: las tres vascas, las cuatro catalanas y otras seis donde ganó el PSOE, que son Badajoz, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. El PP sumó 7,9 millones de votos, el 33,0% de los válidos, pero este resultado les proporcionó 137 escaños, el 39,1% del hemiciclo".

"Sabemos que el que gana tiene prima y a menudo lo explican con la idea general de que se beneficia de la Ley D'Hondt en el reparto de los escaños. Pero eso no es cierto", continúa Miquel, "la Ley D'Hondt no interviene o se hace proporcional en Madrid (donde hay 36 escaños en juego), por ejemplo, porque se eligen muchos representantes, pero tampoco interviene en Soria (con 2 diputados) o Palencia (con 3), porque se eligen pocos y no hay nada que repartir".

"Después, la LOREG, que es de 1985, consagró una desigualdad objetiva en la representación de las personas en el Congreso de los Diputados: sobran castellano-leoneses o faltan catalanes y valencianos". La combinación del comportamiento electoral conocido y los condicionantes de la LOREG, proporciona ocho zonas o unidades de análisis territorial diferenciadas, que se muestran en el mapa inferior sobre las primas en escaños (Figura nº4).

"Estas figuras son como para presentarse en un juzgado cuando se convoquen las siguientes generales", dice Jaime Miquel

"Las figuras que aquí se muestran son como para presentarse en un juzgado cuando se convoquen las siguientes elecciones generales", expresa Miquel su indignación por la pervivencia de ese sistema injusto. "Porque el desarrollo legislativo posterior a la Constitución de 1978 vino a establecer la comunidad autónoma como la unidad territorial de referencia del Estado; España no es el Estado de las provincias, lo es de las autonomías".

Sin embargo, la realidad es que las provincias más despobladas mandan sobre las que tienen las grandes urbes, como se comprueba en este mapa.

Los motivos de la desigualdad del sistema electoral 

El artículo 68.2 de la Constitución, sobre las Cortes Generales, establece que todas las provincias españolas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán representación en el Congreso de los Diputados. La ley rectora de los comicios de 1977 y la actual LOREG, fijan esta representación en dos diputados por provincia y uno para cada ciudad autónoma, lo que suma 102 actas. Los 248 escaños restantes se asignan de modo proporcional a la población de derecho de cada provincia. El detalle de ese reparto se muestra en la Figura nº2 al principio de este artículo, mapa que muestra en tonos fríos las provincias con pocos escaños, y en cálidos, las que cuentan con muchos.

Aparentemente no pasa nada: donde más población hay, se reparten más escaños. Pero el mapa pone de manifiesto la trampa, porque se reparten muchos menos puestos parlamentarios que los proporcionales a la población real, unas actas que se sustrajeron para primar la España interior cuando en 1977 la izquierda aceptó dos diputados fijos por provincia. "Ahí los partidos de izquierda perdieron las elecciones por incompetentes o se las dejaron ganar por cobardes, lo que nos da lo mismo porque aquella transición nos condujo al posfranquismo que sucumbe ahora; de ahí los complejos", insiste Miquel.

La Figura nº3 al inicio del artículo expone los escaños de más o de menos que se reparten en cada provincia (mapa) respecto a este criterio de la población de derecho, así como su suma por comunidades (tabla). De esta manera se visualiza cómo las autonomías con muchas provincias poco pobladas gozan necesariamente de más escaños que los que les correspondería en un reparto proporcional.

Los casos más exagerados son los de Castilla y León, con 14 escaños más de los que le tocan por su población, 

El caso más exagerado es el de Castilla y León, que cuenta en el Congreso con 14 escaños más de los que debería tener en función de su población. Justo lo contrario de lo que sucede con Madrid, a la que le faltan 12 diputados para tener una justa representación parlamentaria según su peso poblacional.

En su conjunto, el total de escaños "desplazados de la proporcionalidad" (en expresión de Jaime Miquel) por la LOREG es de 29, cuando normalmente las mayorías absolutas de gobierno dependen de una diferencia de diputados mucho menor. Y no es casualidad que los que se benefician de esas primas parlamentarias son los partidos que controlan provincias rurales, con una población menos formada y más envejecida (y más vulnerable al caciquismo local), en detrimento de las formaciones con más implantación en las zonas urbanas, normalmente con electores más jóvenes, preparados e informados. Algo que se buscaba hace 40 años y que PP y PSOE hacen hoy todo lo posible por perpetuar.

No cabe duda de que es un sistema electoral condenado a desaparecer, como demuestran las sucesivas macroencuestas del CIS, puesto que el bipartidismo ha sido ya barrido entre los votantes de menos de 45 años y tanto el PP como el PSOE están condenados al asilo.

Por todo esto, Unidos Podemos y Ciudadanos tienen que forzar una reforma del sistema electoral obsoleto que pretende frenar el avance social y político, el desarrollo y la modernización, de la sociedad española. Y si los dos grandes partidos del régimen impuesto hace 40 años se empecinan en impedirlo, serán barridos por la evolución de la historia, ya que eso es imparable.