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Registradores Rajoy 'privatizó' el registro de empresas destinado a la lucha contra el blanqueo para entregarlo a los registradores

Justicia aprobó una Orden que vacía de contenido la base de datos existente desde 2014 con los titulares reales de las sociedades y que es de consulta diaria por la Policía, Guardia Civil, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y entidades financieras.

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Un grupo de agentes de la UDEF durante una operación anticorrupción en 2016. Foto: EFE

Por la puerta de atrás, y por medio de una mera Orden Ministerial, el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó de manera silenciosa la creación de un registro de empresas destinado a la lucha contra el blanqueo de capitales a sus compañeros de profesión, los registradores, cuando esta base de datos ya existe desde el año 2014, es pública y recibe miles de consultas por parte de las Fuerzas de Seguridad de Estado, los juzgados, la Fiscalía, los inspectores de Hacienda y los bancos, entre otros organismos.

La Orden entró en vigor el 22 de marzo pasado, pero sus efectos han comenzado a notarse a partir de este 1 de junio, cuando las empresas han comenzado a entregar sus cuentas anuales del 2017.

A partir de ahora, por arte del ministerio de Justicia del PP, las empresas están obligadas a entregar la identidad de los titulares reales de cada sociedad a los registradores para ser introducidas en una base de datos de nuevo cuño, a pesar de que ya existe una base de datos pública en el Consejo General del Notariado donde constan los titulares reales en 115 millones de documentos y que es de uso diario por la Policía, los juzgados y las Administraciones Públicas.

Con esta nueva medida, Mariano Rajoy redondeó el negocio de su gremio semanas antes de su dimisión y justo ahora que tendría que regresar de su excedencia al registro de Santa Pola (Alicante) una vez abandonada la política.

Los registradores son funcionarios, pero gestionan la información por medio de empresas privadas. Rajoy ya intentó entregarles el Registro Civil, esto es, la gestión de la vida jurídica de los españoles —nacimientos, matrimonios, defunciones…—, pero esta 'privatización' fue impedida por los propios funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia. Aún está pendiente de resolverse este conflicto.

El exministro de Justicia Rafael Catalá se despidió el pasado 7 de junio de su cartera sin responder a una dura carta remitida el Consejo General del Notariado, a la que ha tenido acceso Público, en la que denuncia la aprobación de esta Orden cuando ni siquiera fueron consultados. La carta pide la dimisión del actual Director General en funciones de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, registrador de la propiedad como Rajoy.

Los 17 notarios decanos denuncian en su carta que las consecuencias de las decisiones de Gómez Gálligo “en pos de una pura defensa de intereses corporativos, son gravemente atentatorias al interés general de España, al perjudicar las actuaciones que se puedan desarrollar para luchar de manera efectiva contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción”.

Blanqueo, terrorismo, familiares y ‘mariachis’

Poca gente sabe que esta base de datos de titulares reales ya existe en España. Está en Madrid, bunkerizada y por medio de un potente motor de búsqueda cruza la información en tiempo real de sociedades, fundaciones, políticos, familiares y allegados que se inscriben en las notarías. Sirve para identificar operaciones de blanqueo, financiación del terrorismo, tráfico de armas, drogas, tráfico de seres humanos o los delitos de cuello blanco, como los casos de corrupción, prevaricación o estafas.

Se llama Base de Datos de Titularidad Real, era de gestión notarial y fue convertida en registro de acceso público en 2014 por el ministerio de Economía (artículo 9.6 del Reglamento de prevención del blanqueo). Actualmente depende del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Contiene los titulares reales de 2 millones de sociedades limitadas, de 117.000 sociedades anónimas y de 195.000 personas jurídicas (fundaciones, asociaciones, entidades, partidos políticos).

Además, dispone de un registro de 25.500 personas políticamente expuestas. Esto es, de políticos, familiares, allegados y también los allegados económicos que pueden actuar como ‘mariachis’ o testaferros en una operación, conforme establece la normativa europea de prevención del blanqueo de capitales.

Es un sistema de consulta diaria para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía o los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La titularidad real de una sociedad se extrae en escasos segundos, y el cruce de titularidades para localizar testaferros, por ejemplo, supone al sistema una espera de unos 3 minutos.

La Orden de Justicia que vacía de contenido esta base de datos ha sido recurrida por los notarios y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ante la Audiencia Nacional.

Los notarios han recusado al magistrado del caso, Francisco Díaz Fraile, y piden que sea apartado de la causa porque es hermano de Juan María Díaz Fraile, registrador y letrado de la Dirección General del Registro y del Notariado, el órgano del que emanó la Orden (JUS/319/2018).

La polémica Orden traspone por la puerta de atrás un aspecto clave: quién debe gestionar el registro de los titulares reales de las compañías. Es una cláusula de la IV Directiva europea en materia de blanqueo de capitales (2014/95/UE), cuando debía ser una ley la encargada de integrar esta competencia en el derecho interno. Es más, Justicia tenía elaborado un borrador de proyecto de ley, pero optó por atajar con la Orden ministerial que entrega esta potestad a los registradores.

Un negocio millonario en ciernes

De fondo se encuentra la expectativa de todo un negocio en ciernes cuando entre en vigor la V Directiva que se ultima en la Unión Europea. En ella, se abre el acceso a la base de datos de los titulares reales de las sociedades a otros colectivos, y no sólo a los ‘sujetos obligados’ a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como son las entidades financieras, los servicios postales, auditores, promotores inmobiliarios, abogados, procuradores, fundaciones, asociaciones o notarios. Esto es, la próxima Directiva abre la puerta al negocio de las consultas de la información que contiene esta base de datos.

En España existen 100 registradores mercantiles que manejan los datos de los registros de las sociedades y 900 registradores de la propiedad. Sus empresas son privadas. Ingresan una media estimada de 1,5 millones de euros gracias a la llamada publicidad de las inscripciones, al dinero que cobran en cada consulta, según fuentes jurídicas. Por un depósito de cuentas pueden llegar a cobra 38 euros (sin IVA); por una declaración complementaria de una sociedad, de 6 a 9 euros. Y por el gran negocio de las notas simples, un mínimo de 9 euros.

Frente a ello, los gestores de la actual base de datos de los titulares reales de las sociedades cobran un euro por cada consulta a las entidades privadas y nada a las Administraciones Públicas, fuerzas de Seguridad, Fiscalía y Juzgados. Está dirigida por un abogado del Estado en excedencia y es gestionada por once exinspectores de Hacienda. Actúan de manera independiente a los notarios.

Los notarios impulsaron el embrión de esta base de datos en el año 2005, cuando comenzaron las primeras normas para prevenir el blanqueo. En el año 2012 se creó la base de datos de los titulares reales de las sociedades que inscribían para consulta de todos los notarios ya que había entrado en vigor la obligatoriedad de prevenir estos delitos económicos. A partir de 2014 esta base de datos fue convertida en registro público por Economía y adscrita al SEPBLAC.