SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha restituido en su puesto como directora general general de Industria, Energía y Minas, que fue apartada temporalmente del cargo tras la causa abierta, y que ayer fue archivada, por el proceso de adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en Sevilla, en la que estaba imputada junto a otras seis personas.

La juez Patricia Fernández Franco ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, porque "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones". A juicio de la juez, que ha instruido no pocas diligencias, "el procedimiento observado ha sido el correcto" y no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha subrayado en conferencia de prensa que con el nombramiento de hoy se "hace justicia" y se da respuesta al archivo de la causa, de forma que Asensio volverá a ocupar su puesto, como la Junta había "prometido", tras lo que ha resaltado que tenían "plena confianza" en ella, pues ha demostrado "con creces, su valía y capacidad".

Sobre el archivo de la causa, ha señalado que es "una buena noticia que confirma lo que la Junta decía desde el primer minuto y es que el proceso se había ajustado a derecho", tras lo que ha indicado que espera que los partidos de la oposición, y especialmente el PP, "tomen nota".

El portavoz del Gobierno ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta van a analizar todo lo sucedido y las manifestaciones vertidas desde que se abrió la causa por si son susceptibles de acudir a la vía judicial, ya que se han producido "difamaciones infames" y se han puesto "en riesgo" inversiones "importantísimas" para Andalucía.

Ha insistido en que el proceso de adjudicación de la mina al grupo Minorbis-Grupo México se ha caracterizado por el "rigor" y la "transparencia" y ha remarcado que el archivo de la causa, abierta tras la denuncia presentada por la empresa Emerita Resources, es también una "buena noticia" para el empleo.

"Nos alegramos de los muchos trabajadores que van a encontrar empleo en la mina y también de sus familias", ha enfatizado Vázquez, que ha recordado que la comarca de Aznalcóllar está "necesitada de oportunidades", y este proyecto le "devuelve la esperanza", ha dicho.

También ha expresado la satisfacción del Gobierno andaluz por las repercusiones del archivo de la causa para los empleados públicos que intervinieron en el proceso de adjudicación y que "se han visto envueltos injustamente" en este contencioso que ha "empañado su nombre, esfuerzo y buen hacer".

Para Vázquez, el archivo de la causa confirma que en Andalucía hay "seguridad jurídica" y que esta comunidad autónoma ofrece "estabilidad", por lo que ha advertido: "Si alguien quiere hacer politiquería, lo pagará, pues hay muchas cosas en juego".

Ha denunciado, en este sentido, que ha habido mucha gente interesada en "hacer ruido" anteponiendo los intereses electorales, y ha concluido que se ha demostrado que "ese camino les conduce a poco" pues "el tiempo pone a cada uno en su sitio".

"Se ha demostrado que la Junta actuó con transparencia, rigor y respeto escrupuloso a la legalidad", ha remarcado el portavoz, que ha advertido de que ahora "toca el momento de exigir reparaciones".

"Quién le paga el daño causado a los funcionarios públicos, quién le paga el daño a los responsables políticos que se han viso acosados por difamaciones injustas", ha espetado.

Ha lamentado asimismo que se hayan "perdido" seis meses aunque ha confiado en que este "episodio" permita extraer algunas "enseñanzas" y que determinados partidos "dejen a un lado el rédito a corto plazo".

Tras aseverar que los gobiernos "pagan" su responsabilidad política "por lo que hacen mal", se ha preguntado si la oposición "nunca paga sus responsabilidades cuando se equivoca" y ha recriminado que algunos hayan actuado "de una manera tan irresponsable".

La propia María José Asensio Coto expresó a primera hora de este martes su satisfacción por la resolución judicial del caso tras sufrir una "paliza mediática" por una denuncia "sin fundamento" y señaló que se encontraba "a disposición de lo que propusiera el Consejo de Gobierno" acerca de la posible reincorporación a su anterior responsabilidad, aunque "no es una decisión que tenga que tomar yo".

La mina de Aznalcóllar

La causa derivaba de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.

Merced a dicha denuncia, la juez Patricia Fernández Franco apreciaba "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y ordenaba tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio, dado que entendía que la Administración andaluza no se habría atenido "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina.

El Gobierno andaluz, de su lado, esgrimía un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que defiende que el procedimiento de adjudicación "se ha ajustado a derecho", estando regido por la legislación minera y la Ley de Contratos Públicos. El informe, entre otros aspectos, expone el "cumplimiento de los trámites" obligados para un concurso de esta naturaleza, toda vez que un informe paralelo de los servicios jurídicos de la Junta avala también la adjudicación.

La suspensión de la adjudicación

No obstante, el Gobierno andaluz decidió suspender la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la espera de que se esclareciese el asunto y, a tal efecto, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la administración andaluza suspendió de modo "eventual" la mencionada adjudicación, precisamente por la causa judicial en curso.

Durante la investigación, la juez imputó en la causa por un presunto delito de prevaricación a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, cesada por tal motivo, la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta, y el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.