Más allá de la posible comisión de delitos concretos de odio homófobo, parte de la actuación política y de las declaraciones del partido ultra Vox son contrarias a varias leyes, y hasta a la propia Constitución, y por eso debe ser ilegalizado. Este es el diagnóstico de la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, que este miércoles, a partir de las 12.30 horas, se reunirá en Madrid con la fiscal general del Estado, María José Segarra. Quiere incidir en la gravedad de los actos y las palabras del partido ultraderechista, que ya se ha visto denunciado ante la Fiscalía en Madrid y en la Comunidad Valenciana, precisamente por la comisión de supuestos delitos de odio.

Sin embargo, y aunque interpreta que estas actuaciones son necesarias, Cambrollé pide ir un paso más allá de la denuncia puntual. Explica a Público que este miércoles trasladará a Segarra que, en su “persecución reiterada y obsesiva al colectivo LGTBI”, los ultraderechistas pueden estar incumpliendo la Carta Magna, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”.

Esto, por no hablar de otras normativas autonómicas destinadas a la protección de las personas LGTBIQ+, que gozaron “de un amplio apoyo social y político", y que Vox quiere derogar. De hecho, la presidenta de la Federación Plataforma Trans denuncia que la práctica de la formación de Santiago Abascal también puede ser “contraria a la Ley de Partidos”.

Concretamente, se refiere al apartado 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, reguladora de la actividad de los partidos, que les obliga a “respetar” los “valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”, siempre “con pleno respeto al pluralismo”. También establece que una formación “será declarada ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”, “promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”.

“Ponen en cuestión el Estado de Derecho, la Constitución, atentando contra la dignidad por razón de orientación e identidad sexual”, afirma. “No respetan las leyes que regulan derechos y protegen contra la discriminación. Por tanto, no respetan los valores democráticos”, concluye.

Por ello, reclama que la Fiscalía “evalúe” su actuación: “Plantean vulnerar la Ley de Protección de Datos en Andalucía, quieren los nombres de personas LGTBI que dan charlas en colegios de Madrid y Valencia”, recuerda. Así, tiene previsto registrar y posteriormente entregar a la fiscal general un escrito detallando las vulneraciones normativas que atribuye a Vox, pero también otro documento en el que reclamará que estudie “si procede solicitar su ilegalización”.

Además, la presidenta de la Federación Plataforma Trans celebra la rápida respuesta de Segarra; le requirió una reunión el 16 de julio, y escasos días después ya habían concertado este encuentro. En la reunión también participará el director del Observatori Contra L´Homofobia de Catalunya, Eugeni Rodríguez.

Cambrollé denuncia un retroceso en el reconocimiento de derechos ya adquiridos, y pone el acento en que quienes más sufren el discurso homófobo son los menores, especialmente los trans.

 Cita un estudio publicado en Pediatrics, revista editada por la Academia Americana de Pediatría, que concluye que más de la mitad de los chicos trans adolescentes han intentado suicidarse. Es un porcentaje muy superior al del total de los jóvenes encuestados que han intentado quitarse la vida: el 14%. El estudio, recogido en el portal Dosmanzanas.com, se basa en datos de la encuesta Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors, realizada entre los años 2012 y 2015, con una muestra de 120.617 adolescentes de entre 11 y 19 años.

En última instancia, Cambrollé pedirá a Fiscalía una mayor implicación en combatir los ataques que sufren las mujeres trans en las redes sociales. Sus agresores, afirma, gozan de “impunidad total”, y se sirven de “argumentos como los de Hazte Oír o Vox”. “¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y los ataques de odio?”, cuestiona.

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado no han aportado más datos sobre esta reunión.