'No se podía transferir ni pagar nada que no estuviera previamente autorizado por Jesús Gil'. Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo de Marbella y principal acusado en el llamado 'caso Saqueo' que investiga el desvío de 36 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento de la localidad malagueña entre 1991 y 1995, decidió recurrir a la misma táctica que habían empleado en la anterior jornada del juicio otros cuatro encausados: echar la culpa a un muerto. Pero, a diferencia de aquellos, que se escudaron en José Luis Jiménez, gerente de las empresas municipales fallecido en 2005, el considerado cerebro de la trama Malaya elevó el listón y culpó de todo al que fuera alcalde de la localidad malagueña, Jesús Gil.

Traje oscuro y camisa blanca, Roca hizo frente con la firmeza del que tiene bien interiorizada su defensa a las preguntas de la fiscal anticorrupción, Belén Suárez, quien pide para él diez años de cárcel como supuesto autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Cortante a veces, incluso brusco en algunos momentos del interrogatorio del Ministerio Público, Roca se presentó como un invitado de piedra en una trama de la que, insistió, no sabía nada y que utilizó sin su consentimiento cuatro de sus empresas para emitir facturas falsas.

En su declaración, Roca explicó que contó a Gil su intención de constituir empresas con las que operar y que fue el propio alcalde de Marbella quien le dijo que no hacía falta crearlas, ya que él conocía a un grupo de empresarios 'que tenían unas sociedades y las querían vender'. Así adquirió, aseguró, Contratas Penisulares, Contratas El Plantío, Cantera Nasok y Dintak por un total de 40 millones de pesetas, pero insistió en un par de ocasiones que no las llegó a poner en marcha porque pocos días después de comprarlas le telefoneó una persona que le adviritió que no operara con ellas porque pensaba denunciar a los anteriores dueños.

Cuando la fiscal le preguntó como se explicaba que facturas de esas cuatro empresas inactivas aparecieran como suministradoras de servicios a las empresas municipales que supuestamente se utilizaron para vaciar las arcas municipales, Roca aseguró que él no sabía nada 'de ningún pago ni de ningún servicio' y que suponía que 'alguien' había hecho uso indebido de éstas sin su consentimiento. ¿Quién? El asesor de Jesús Gil volvió a escudarse en éste, del que dijo que era el único que sabía que esas empresas existían.

Sobre sus funciones en Planeamiento 2000, una de las empresas municipales de la trama, Roca recalcó que pese a haber sido nombrado su gerente, su papel se reducía a la de un simple administrador cuyo presupuesto, procedente de las arcas municipales, se invertía casi en su totalidad en pagar nóminas y gastos de papelería. El ex asesor urbanístico llegó a presentarse casi como una marioneta del alcalde, quien le llegaba a imponer a quién tenía de contratar. 'El alcalde era quien dirigía las empresas municipales', afirmó.

El último en intervenir fue José Luis Sierra, abogado de Jesus Gil, que se derrumbó y terminó declarando entre lágrimas que fue él quien facilitó a El Mundo los documentos que sirvieron para destapar el caso. Lo hizo para salvaguardar la vida de sus hijos, dijo.