El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Bárcenas, ha exigido este jueves a las constructoras Sacyr y OHL que le envíen en el plazo improrrogable de cinco días la documentación que les requirió, o de lo contrario enviará a la Policía a sus sedes para que las registren.

En un auto de este jueves, el magistrado pide a las constructoras que adjunten la totalidad de los contratos públicos obtenidos por medio de adjudicaciones desde 2002 a 2009, según informa Servimedia. Ambas empresas enviaron previamente una serie de documentos que, según la UDEF, no es toda la requerida.

OHL y Sacyr aseguran, sin embargo, que han facilitado en todo momento la información solicitada por el juez. En un comunicado, el grupo que preside Juan Miguel Villar Mir ha subrayado que la compañía ha mantenido en todo momento una actitud de máxima colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y que ha suministrado, en todo momento y con la máxima diligencia, la información que le ha sido solicitada 'en los soportes y formatos que en cada caso le han sido pedidos'.

Asimismo, ha asegurado que contestó la solicitud de información requerida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional en el plazo que le era otorgado y en el formato solicitado. OHL ha insistido en que seguirá colaborando con la Justicia y ha indicado que aportará a dicho juzgado los 'nuevos' datos que le han sido solicitados mediante un auto fechado el pasado 19 de febrero de 2014. En este sentido, la compañía ha puntualizado que estos nuevos datos 'nunca antes le habían sido solicitados de forma expresa' y que, además, son de carácter público.

Por su parte, fuentes de Sacyr han señalado a EFE que la compañía también ha facilitado al juez de la Audiencia Nacional todo la documentación requerida y que así lo seguirá haciendo.

Los gobiernos del PP adjudicaron obras por un importe total de 12.281 millones de euros a las constructoras -entre ellas Sacyr y OHL- que figuran como donantes de dinero al partido en los denominados papeles de Bárcenas. Es una de las conclusiones del informe de 130 folios que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía entregó a Ruz.

El documento policial, al que tuvo acceso Público, recuerda que responsables de esas doce empresas beneficiadas por las adjudicaciones de gobiernos -nacional, autonómico o local- del Partido Popular, hicieron donaciones a dicha formación política por importe de 4,59 millones de euros a lo largo del mismo periodo en que se otorgaron los contratos -2001-2012-.

Las leyes de financiación de los partidos políticos, tanto de 1987 como de 2007, que son citadas en el informe policial, prohibían a las formaciones recibir directa o indirectamente aportaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para alguna administración pública.

En seis de los casos, los de las empresas Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, se ha comprobado una continuidad en las donaciones a lo largo del periodo en que se obtienen las adjudicaciones. En otros, que corresponden a Sedesa, Copasa, Copisa, FCC Construcción, Urazca y Rubau, las entregas de dinero al partido se concentran en un año, que se ha comprobado que coincide o está próximo a un ejercicio de elevado volumen de contratación.