El juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, ha dado por concluida la investigación abierta por el llamado " caso Pretoria" y considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a once personas, entre ellas el ex consejero de Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Macià Alavedra, y el exsecretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta, ambos de CiU, así como ex alcaldes o ex diputados del PSC como Bartolomé Muñoz y Luis Andres García.

El magistrado instructor les imputa los delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y delitos continuados de blanqueo de capitales.

El auto dictado hoy supone el fin de la instrucción del 'caso Pretoria'. Denominado auto de modificación a procedimiento abreviado -equivalente al autor de procesamiento en el sumario-, Ruz expone toda una trama que desarrollaron los imputados para intermediar e influir en adjudicaciones públicas y que desarrollaron los imputados entre los años 2000 a 2009, cuadno fueron detenidos.

Su ámbito de actuación eran operaciones urbanísticas que se desarrollaron en localidades de la provincia de Barcelona. A cambio de su labor de intermediación los imputados ganaron “cuantiosas comisiones" que posteriormente ocultaban con la finalidad de hacerlas florecer posteriormente a través de complejos entramados societarios y financieros.

El juez cifra en más de seis millones de euros (6.080.405) el dinero que ganó Maciá Alavedra, gracias en parte a estas comisiones. Y eleva hasta los casi 15 millones de euros (14.984.865 euros) las ganancias de Lluis Prenafeta.

En el caso de Luis Andrés García, que según el juez tuvo una intervención principal, sus ganancias ascendieron otros seis millones de euros (5.886.925), mientras que ganó 1.728.064 Bartolomé Muñoz, exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (PSC).

El caso fue abierto por el magistrado Baltasar Garzón en 2009, a partir de una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria y desarrollada por la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil

La investigación de la trama económica ha abarcado seis países: Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Andorra.

Las tres operaciones urbanísticas clave

El auto detalla tres operaciones urbanísticas clave en las que considera acreditado que los imputados participaron. Esas operaciones urbanísticas estaban basadas en la manipulación de diversas adjudicaciones públicas entre los años 2001 y 2009.

Operación Pallaresa.- En ella intervinieron supuestamente los imputados Luis Andrés García, Manuel Valera, Bartolomé Muñoz, Manuel Dobarco, y José Singla.

Se trató, según el auto, de una operación de planificación y ejecución de la manipulación en la adjudicación y modificación del uso de los terrenos públicos de Santa Coloma de Gramanet. El valor total de las comisiones de la operación ascendió a más 4.700.000 euros.

Operación Niesma.- En ella intervinieron supuestamente los imputados Luis Andrés García, Lluis Prenafeta y Macià Alavedra.

Se trató de una operación de adquisición de terrenos públicos de Can Riviere, en la localidad de San Andrés de Llavaneras, para transmitirlos posteriormente a una sociedad a cambio de la percepción de una comisión equivalente al 4% del precio de adquisición si lograban su recalificación urbanística, según el auto. El total de las comisiones supuso más de 1.200.000 euros.

Operación Badalona.- En ella intervinieron supuestamente los imputados Luis Andrés García, Manuel Valera, Lluis Prenafeta y Macià Alavedra.

Se trató de una operación de transmisión de parte de unos terrenos públicos situados en la zona en que se iba a ubicar el puerto deportivo de Badalona a cambio del cobro de comisiones ilícitas, según el auto. El montante total de las comisiones ascendió a más de 3.700.000 euros.

A estas operaciones se suman la manipulación de concursos públicos y la ocultación de todo el dinero ganado, según el juez Ruz, que en el caso de Lluis Penafreta son de casi 15 millones de euros (14.984.865).