El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ha citado para el próximo jueves en calidad de imputado a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-LaMancha, en relación con el contrato para la recogida de basuras en Toledo que según el extesorero Luis Bárcenas se otorgó a cambio de una donación al PP en dicha comunidad. 

La resolución se realiza tras haberse incorporado a las actuaciones el informe de la Información General de la Administración del Estado (IGAE) que concluye que el contrato que según Bárcenas otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros 'omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho'.

A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007, se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores a raíz de un conflicto laboral en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con el vicealcalde y concejal de Hacienda, que en esas fechas era García Pineda.

Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho.

Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, a quien Bárcenas dijo haber dado los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste.

Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.

Comparecieron además el expresidente y presidente de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes negaron cualquier tipo de donativo al PP ni la supuesta comisión de 200.000 euros para conseguir la adjudicación a Sufi.

Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar 'el grado de participación' que en estos hechos 'hubiera podido tener persona o personas aforadas' y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha.