El Gobierno sigue debatiendo, en su seno y en el del PP, si el supuesto por malformación debe ser incluido o no en la reforma sobre la ley del aborto que prepara el Ministro de Justicia. La vicepresidenta, después de admitir, en respuesta al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que no considera que el aborto 'sea un derecho', ha asegurado esta mañana, además, que la interrupción voluntaria del embarazo es 'un fracaso'.'Es un fracaso de todos', ha remarcado, que debe ser tratado con mucha 'sensibilidad' y que debe de hacer reflexionar a todos cuando se producen muchos casos.

Preguntada en varias ocasiones por la reforma de la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las voces que suenan de un lado y de otro del PP sobre si el supuesto de malformación va a ser o no incluido (el ministro responsable, Alberto Ruiz-Gallardón, en diversas ocasiones, ha dicho que no), Soraya Sáenz de Santamaría ha evitado la respuesta asegurando que el Gobierno trabaja en la ley, en primer lugar, manteniendo la jurisprudencia conforme a la primera ley del aborto (1985) y manteniendo el compromiso adquirido por el Partido Popular de que las menores entre 16 y 18 años que quieran abortar lo harán con el concurso de los padres.

Sobre la malformación, la portavoz del Ejecutivo sólo adelantó que el Ministerio de Justicia trabaja conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, con sus siglas en inglés), que entró en vigor en marzo de 2008 y está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La vicepresidenta no aludió en ningún momento a 'malformación' (anomalía en el desarrollo, especialmente cuando constituye un defecto estructural), sino a 'discapacidad' (cualidad de quien tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas).