Público
Público

Sáenz de Santamaría: "Cada víctima puede tener la opinión que quiera, faltaría más"

El Gobierno mantiene que la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot es "difícilmente comprensible" y sostiene que la pertenencia de España al Convenio de Derechos Humanos europeo obliga a acatarla.

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La vicepresidenta del Gobierno no ha querido entrar a valorar la posición de las asociaciones de víctimas del terrorismo que han expresado hace unas horas su respeto por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot, en contra de las fuertes expresiones de rechazo más escuchadas estos días desde las organizaciones de la órbita del PP y el propio Partido Popular. 'Todas son víctimas' y todas cuentan con la 'solidaridad, el apoyo y la comprensión' del Gobierno en este momento 'muy duro', ha subrayado Soraya Sáenz de Santamaría.

La número dos del Ejecutivo ha asegurado simplemente que 'cada víctima puede tener la opinión que quiera, faltaría más', incluyendo en esta afirmación a aquellas entidades que han criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por no haber impedido el fallo de Estrasburgo.

Estas voces críticas con el Ejecutivo estarán también representadas este domingo en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) -por la organización Voces contra el Terrorismo (VcT), por ejemplo, aunque la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, también trasladó a Mariano Rajoy su descontento con el trabajo del Ejecutivo en este sentido-, lo cual genera una considerable inquietud tanto en el Gobierno como en el PP.

El partido acudirá representado oficialmente por cuatro miembros del Comité de Dirección y los conservadores temen que la manifestación se centre más en las críticas al Gobierno y en la petición de que éste no aplique la sentencia de la Gran Sala que en el lema de la concentración, 'Justicia para un final con vencedores y vencidos'.

Al respecto, se ha pronunciado desde Bruselas el presidente delGobierno, que ha asegurado que el PP no va a una manifestación contra el Tribunal de Estrasburgo, sino a una de 'solidaridad y apoyo a las víctimas'. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo ha defendido la coherencia de la posición de éste con respecto a la sentencia que deroga la doctrina Parot y que considera 'injusta'.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional avalaron la doctrina Parot que apoyaba el Gobierno y que fue éste quien decidió recurrir la primera sentencia del TEDH a favor de poner en libertad a la etarra Inés del Río, a quien se aplicó la doctrina Parot. El abogado del Estado -a quien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido y elogiado hoy con entusiasmo- defendió ante la Gran Sala la tesis central del Ejecutivo, que aduce que no es lo mismo un asesinato que veinte. Sin embargo, el TEDH falló el lunes en contra de las tesis recogidas informe de la Abogacía del Estado y a favor de derogar la doctrina Parot, ordenando la libertad de Del Río.

La vicepresidenta cree, pues, que quien fue 'parte en el proceso' defendiendo la doctrina Parot no puede ahora y a raíz del fallo de Estrasburgo posicionarse en contra de su propia tesis. 'Estamos sometidos a los convenios internacionales de los que formamos parte', explicó la número dos del Gobierno, y cuando se forma parte de éstos 'se está con todas las consecuencias', añadió Ruiz-Gallardón en referencia al Convenio de Derechos Humanos europeo, ratificado por España.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima que recurrir la obtención de permisos penitenciarios y la clasificación en tercer grado de sus agresores. Además, podrán recurrir su libertad condicional en casos de condenas superiores a los cinco años de cárcel. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado un texto que nace con el objetivo de ampliar los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas, estén o no personadas en la causa, y sin perjuicio de la legislación específica que se mantiene en casos de terrorismo o violencia de género.

Entre las principales novedades, las víctimas, incluso aquellas que no se hayan personado con anterioridad, podrán recurrir el sobreseimiento de su causa en el plazo de 20 días. En la actualidad, el plazo de tres días resulta insuficiente para presentar impugnaciones. Las víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, lesiones, tortura y contra la integridad moral, robo cometido con violencia, contra la libertad y la integridad sexual o los cometidos dentro de una organización criminal, y siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años tendrán un derecho 'excepcional'. Así pues, podrán recurrir las resoluciones del juez autorizando la clasificación del tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, y aquellas en las que acuerde que el cómputo del tiempo para la aplicación de beneficios penitenciarios se haga sobre el límite de cumplimiento y no sobre el total de la suma de las penas. En estos casos se permitirá recurrir la libertad condicional del penado.

El Estatuto aumenta además las medidas de protección con el fin de evitar una victimización secundaria. De este modo, se evita el contacto entre las víctimas y sus familiares con los delincuentes y se reduce el número de interrogatorios para evitar sus efectos traumáticos. Igualmente, se protege su intimidad introduciendo una 'especial' reserva en lo relativo a sus datos de carácter personal y a su imagen, que no podrán ser divulgados por los medios de comunicación. Estas medidas de protección se extreman para personas especialmente vulnerables, como menores, discapacitados o víctimas de delitos violentos, sexuales, terrorismo, trata de seres humanos, violencia sobre la mujer o grandes siniestros con víctimas múltiples.

El Estatuto de la Víctima ahonda en el derecho a la información, desde lo relativo a la interposición de una denuncia hasta los servicios de asistencia médica o psicológica y el asesoramiento legal o económico al que tienen acceso.

El ministro ha afirmado que el control de la ejecución del Estatuto tendrá un coste de 3,1 millones de euros y ha remarcado que el texto responde a un 'compromiso político' --figuraba en el programa electoral del PP-- y da respuesta a la directiva europea que conminaba a regular esta materia. 'España es el primer país de la Unión Europea que reúne en un solo texto legal todos los derechos de las víctimas', ha añadido.