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MADRID.- Ni pagó en negro a las empresas de la trama Púnica, ni ordenó a empresas como Indra que lo hicieran en nombre de la Comunidad de Madrid, ni tenía facultad para realizarlo. Ahora bien, sí que medió para que el Gobierno regional pagara unos 21.000 euros al supuesto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. Así lo ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la trama corrupta crecida al amparo de políticos del Partido Popular, según fuentes presente en el interrogatorio.
Salvador Victoria ha reconocido ante el juez que esta mediación la realizó a petición de la directora general de Medios de Comunicación de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, a la que ha señalado como la persona que contrató a De Pedro.
Los contratos con las empresas de De Pedro (Madiva y EICO) consistían en posicionamiento en redes sociales del Gobierno regional, así como la realización de resúmenes de prensa. Ni siquiera sabía a cuánto ascendía la deuda -al parecer es era de 21.000 euros. pero atendió a De pedro "porque era muy insistente y traté de tranquilizarlo", ha agregado ante el juez.
El juez central de instrucción 6, Fernando Andreu, ha interrogado a Victoria junto con la fiscal del caso dentro de una pieza separada que se mantiene secreta y surgida a raíz de las confesiones del empresario David Marjaliza, cabecilla de la red de Púnica, que ha declarado secretas.
Victoria ha declarado durante más de dos horas, a petición propia, después de haberse negado a declarar en una citación anterior porque la pieza está secreta. Y ha negado que los contratos abarcaran también la reputación del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o de alguno de sus consejeros. "Mi Twitter me lo llevo yo", ha apostillado.
El empresario David Marjaliza y Francisco Granados, antecesor de Victoria en la Comunidad de Madrid están considerados los cabecillas de esta trama surgida alrededor de altos cargos políticos del PP y que afecta a varias comunidades autónomas. Ambos permanecen en prisión preventiva y en el caso de Granados se da la circunstancia de que está ingresado en Estremera, cárcel que él mismo inauguró siendo consejero de Presidencia y Justicia.
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