El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el fichaje del futbolista brasileño Neymar solo costó a 57 millones de euros, la cifra que siempre ha defendido el Barcelona desde la presentación del jugador, y ha defendido la legalidad de la operación a pesar de que en su momento no leyó 'la letra pequeña' del contrato, según ha señalado el abogado que presentó la querella, Felipe Izquierdo.

Rosell, que ha declarado durante casi tres horas como imputado por un presunto delito de fraude fiscal, ha indicado, según esta parte, que el Barça abonó 40 millones de euros en concepto de indemnización a la sociedad del padre del futbolista y otros 17,1 por la cesión de sus derechos federativos. El expresidente del Barça también ha señalado que después de su imputación repasó todos los términos del contrato y que su conclusión es que sólo cabe felicitar a la asesoría jurídica del club por el trabajo realizado.

Rosell ha respondido durante casi noventa minutos a las preguntas del juez instructor y el resto del tiempo del interrogatorio a las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción, José Perals; su abogado, Ignacio Ayala; y el resto de partes personadas en el procedimiento. El exmandatario de la entidad culé, a la que se atribuye como persona jurídica un delito de fraude fiscal por importe de 9,1 millones de euros, ha preferido no hacer declaraciones a su salida de la sede judicial y ha tomado un taxi tras realizar un rápido saludo con la mano.

Este martes también declara el representante legal del Barcelona, Antonio Rossich, que comparece ante el juez por el delito fiscal imputado al club por un presunto fraude de 9,1 millones de euros por el fichaje del brasileño. Por último, Ruz tomará declaración como testigo a Artur Amich, socio auditor de la firma Deloitte y responsable de los informes de auditoría de cuentas anuales del FC Barcelona del 30 de junio de 2012 y de 2013.

El juez decidió llamarles a declarar tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, fechado el 30 de mayo, que confirma que el Barcelona, imputado ya en esta causa como persona jurídica, cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones de euros en el fichaje de Neymar da Silva. Esa cantidad podría aumentar hasta los 11,7 millones de euros si se confirma la posible defraudación de 2,6 millones en el ejercicio de 2014.

En esa misma resolución, Ruz acordó también preguntar a las partes sobre la procedencia de dirigir el procedimiento a las personas intervinientes en los diferentes contratos objeto de investigación, lo que podría afectar al actual presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y al padre del delantero brasileño, entre otros.

El fiscal del caso, José Perals, se inclinó por esperar a las declaraciones de Rosell y del representante del Barcelona antes de tomar decisión alguna sobre nuevas imputaciones, incluida la del padre de Neymar, extremo que secundó el juez en un escrito notificado la semana pasada.

El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.