Alegría a medias por una legalidad respetada a medias. Así se resumen los sentimientos que rodean a Sara Majarenas y su entorno más cercano. La presa de ETA ya está en un centro de acogida de Madrid junto a su hija Izar, quien fue apuñalada por su padre hace un mes y medio. El juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, no las ha separado, pero ha obviado un detalle: según la propia política de excepción que se aplica contra ese colectivo de reclusos, Majarenas debería estar de regreso a Euskadi.

“La política penitenciaria del PP es siempre muy clara: ETA tiene que disolverse o los presos romper cualquier vínculo con ETA”. Así se expresaba el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante una entrevista televisiva ofrecida el pasado 9 de enero, en la que también afirmaba que los reclusos debían “arrepentirse de forma expresa” y “pedir perdón a las víctimas”. Si eso ocurriese, aseguraba el ministro, podrían atenderse los reclamos de los más de 350 presos abertzales, quienes piden su acercamiento a cárceles vascas y la inmediata puesta en libertad de quienes se encuentran gravemente enfermos.

En ese contexto, el caso de Sara Majarenas ha conseguido centrar todas las miradas. Condenada en 2007 a 13 años y diez meses de prisión por su pertenencia a ETA –no tenía delitos de sangre-, esta mujer recibió el pasado 15 de enero la peor de las noticias: su hija Izar, que convivía con ella en la cárcel desde su nacimiento, había sido apuñalada por su padre durante una salida de fin de semana. El hecho se produjo en la localidad valenciana de Benifaió, no muy lejos de la cárcel de Picassent, donde se encontraba recluida Majarenas.

Tras varias semanas de pelea, la pequeña –que este jueves cumplió tres años- consiguió salir adelante. El pasado 21 de febrero recibió el alta y volvió a Picassent. Sin embargo, el reencuentro traía fecha de caducidad: la legislación penitenciaria establece que los menores de edad pueden convivir con sus madres presas hasta los tres años. De esta manera, a medida que se acercaba el jueves crecían las voces que reclamaban que madre e hija no fuesen separadas. Aunque fuese en formato de carta, entre esas voces estaba la de la propia Sara.

Sara Majarenas y su hija Izar.

“Yo, Sara Majarenas Ibarreta, reconozco el daño causado por la organización ETA y, ante esta institución y públicamente si fuera necesario, me comprometo a no utilizar vías violentas sino únicamente vías pacíficas. No pertenezco ni perteneceré a ETA. Asimismo, como víctima que también soy ahora mismo, me comprometo a trabajar por la reparación de toda clase de víctimas y a sanar las heridas causadas por cualquier tipo de violencia. También la de ETA. Y para que no quede ninguna duda, mi único objetivo y mi única prioridad es estar junto a mi hija y repararnos mutuamente. En el presente y en el futuro”, indicó la presa en una carta remitida al juzgado el pasado 6 de febrero.

En una intervención realizada el pasado miércoles en el Senado, el ministro Zoido omitió cualquier referencia a esa carta. Respondiendo a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Jon Inarritu, se limitó a asegurar que se estaba “trabajando” para que ambas “puedan estar juntas” y alegó que se debían tomar medidas para evitar que el agresor –actualmente en prisión preventiva a la espera de juicio- pudiera encontrarlas. Un día después, cuando ya no había más margen legal, el juez Castro ordenó que Izar y Sara –a quien otorgó el segundo grado- fueran trasladadas a un centro de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, ubicado en Madrid.

“¿Qué más se puede pedir?”

Según pudo confirmar Público, madre e hija fueron ingresadas en ese centro en horas de la mañana de este jueves. “Estamos relativamente contentos. Hemos conseguido que no les separasen, que era lo principal, pero nuestro objetivo es que puedan estar juntas en casa, en su entorno, y que tanto la madre como la niña puedan recuperar un ritmo de vida lo más normal posible”, señalaron sus familiares a este periódico.

En tal sentido, señalaron que Sara “cumple con todos los requisitos que la ley exige para poder optar al tercer grado”. En realidad, los cumplía desde mucho antes de que su hija fuera salvajemente apuñalada: esta mujer superó las tres cuartas partes de su condena hace más de dos años, por lo que le correspondía acceder al sistema de semilibertad. Sin embargo, el Gobierno impide sistemáticamente que los presos condenados por terrorismo accedan a esos beneficios, algo que sigue enmarcado en la política de excepción que se aplica contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale.

Sus familiares remarcan otros motivos por los que debería acceder a ese beneficio penitenciario: “No ha tenido ninguna sanción en doce años, ha renunciado a la vía armada, ha pedido perdón a las víctimas y ha mostrado arrepentimiento”. “¿Qué más se puede pedir? O mejor dicho, ¿no era esto lo que pedían?”, señalaron desde Donostia. Las respuestas, al igual que Sara e Izar, están en Madrid.