Todos celebran la independencia judicial. Las reacciones políticas al auto del juez Castro que ha sentado en el banquillo a una infanta de España son políticamente correctas, aunque hay portavoces que van más allá. Tras la publicación este lunes del auto de apertura de juicio oral del caso Nòos, los grupos de la oposición han salido en cascada, al igual que las asociaciones judiciales.

La secretaria de Ciencia del PSOE, María González Veracruz ha asegurado que esto es la demostración de que la justicia “es igual para todos”. “Que la infanta Cristina se vaya a sentar en el banquillo significa que la Justicia es igual para todos y puede dar tranquilidad a los españoles que sobre todo creemos en la igualdad” ha asegurado este lunes en el Congreso.

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuela, ha comentado que la decisión del juez José Castro de sentar en el banquillo de los acusados a la hermana del Rey es "una buena noticia" porque la independencia judicial se ha impuesto a los "obstáculos" y al papel de la Fiscalía.  "El auto deja muy en evidencia el papel de la fiscalía, que ha actuado en este caso más como abogado defensor que como fiscal".

El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) y portavoz adjunto del grupo de Izquierda Plural en el Congreso, Joan Coscubiela, ha celebrado la decisión del juez y cree que se ha puesto de manifiesto que el PP "va a tener muchas dificultades para doblegar" a la independencia judicial. "Esto supone por una vez la independencia del Poder Judicial", lo que a su juicio "siempre es una buena noticia desde el punto de vista de la democracia".

El portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha destacado este lunes que ha quedado claro que se equivocaban quienes pensaban que el juez José Castro no iba a ser capaz de sentar en el banquillo a la hermana del Rey. "Demuestra que algunos que pensábamos que no iba a ser capaz el juez de sentarla en el banquillo nos hemos equivocado", ha reconocido, incidiendo en que "no está mal" que la hermana del Rey sea juzgada.

El PP ha pedido, por su parte, "respeto y y presunción de inocencia" a todos los acusados en la causa del caso Nòos. El portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte ha afirmado, además, que no sería la primera vez que la condena final de un caso instruido por el juez Castro es rectificada a la baja con posterioridad, como pasó en el caso Palma Arena. "Ya sea Joaquín Sabina que no ha pagado parece ser unos impuestos o ya sea la infanta, presunción de inocencia siempre", ha concluido.

Sobre si la infanta tiene que renunciar a sus derechos dinásticos, ha evitado contestar. "No tengo ni idea de lo que es la renuncia a los derechos dinástico, ni quién los tiene, yo no los tengo", ha asegurado.

Por su parte Rita Barberá ha expresado este su "enorme satisfacción, alegría y emoción" por la exculpación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Además, ha pedido la "dimisión absoluta" de todo el grupo municipal socialista del Ayuntamiento, que ha ejercido la acusación popular en la causa. También ha asegurado que estudiará "si hay que pedir algún tipo de reclamación porque han estado de alguna manera perjudicando la imagen del vicealcalde y a lo mejor es motivo para ser indemnizado".

Las asociaciones de jueces celebran la independencia de Castro

Las principales asociaciones judiciales han destacado que la decisión del juez José Castro de sentar en el banquillo a la Infanta Cristina por el 'caso Nóos' demuestra que "el Estado de Derecho funciona" y que el magistrado ha sido coherente durante todo el procedimiento "por encima de las presiones".

El portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, ha afirmado que la decisión era "esperada" y que,  al haber acusación, "lo lógico era el auto de apertura de juicio oral".  "Demuestra que, por encima de presiones e instrucciones, el juez ha terminado la investigación con su propio criterio", ha añadido.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, "el auto de Castro, la investigación que ha realizado en un tema tan complejo habiendo estado sometido a todo tipo de presiones, también de medios de comunicación, demuestra que el Estado de Derecho funciona igual para todas las personas con independencia de su condición".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha mostrado algo más cauta, afirmando que se ha producido una decisión "normal". "No se puede establecer un paralelismo entre el correcto funcionamiento de la Justicia", aseguran.