Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha del presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha vuelto hoy de nuevo a prisión, en la que se encuentra desde octubre, tras declarar esta mañana en la Audiencia Nacional durante dos horas y media ante el juez del caso Púnica Eloy Velasco. De la declaración de Ramírez solo ha trascendido el tiempo que ha permanecido ante el juez y las fiscales del caso Púnica, al igual que ocurrió con los interrogatorios a los que fue sometido a lo largo de tres días su jefe hace un mes.

Y es que la mayor parte del caso Púnica se encuentra aún bajo secreto de sumario, incluyendo el contenido de la declaración que hizo Marjaliza al juez el mes pasado durante trece horas, repartidas, tras lo que, al igual que su secretaria, volvió a ingresar en prisión. Ramírez, Marjaliza y el exconsejero madrileño Francisco Granados son los únicos imputados en esta causa que permanecen en prisión por el caso Púnica.

En el caso de Ramírez -imputada por blanqueo, pertenencia a organización criminal y malversación-, la Audiencia Nacional ratificó el pasado enero su prisión por riesgo de destrucción de pruebas, ya que, cuando fue detenida, se encontraron en su domicilio documentos ocultos bajo colchones y detrás de cómodas.

Ramírez está considerada la "mano derecha" de Marjaliza y en el registro de su casa se encontraron ocultos, detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas bajo las camas, documentos con correos sobre cuentas de Suiza y Singapur de su jefe. En esos lugares aparecieron también organigramas de empresas de la red Púnica y contratos privados que, según el juez, ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama, así como un sobre con diversas divisas y otro con 24.345 euros.

Cuando pidió su excarcelación, Ramírez alegó ser la secretaria de Marjaliza desde hace 18 años y aseguró haber actuado siempre en "la creencia de la legalidad" haciendo "pagos o efectuando llamadas telefónicas por orden de su jefe". Sin embargo, la Audiencia le negó la libertad afirmando que se le atribuye "un papel determinante" en el entramado supuestamente erigido por Marjaliza, mediante la creación de sociedades que participaban en operaciones inmobiliarias en el municipio madrileño de Valdemoro en la época en la que fueron alcaldes los principales imputados: el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados (en prisión) y Carlos Boza Lechuga, de quien además es cuñada.

Así, Ramírez ocupó cargos de representación y decisión en ocho de las empresas más relevantes de la trama y figuraba como administradora única en tres sociedades, una de ellas la que gestiona el centro de mayores de Valdemoro y que entre 2008 y 2013 facturó al Ayuntamiento casi 12 millones de euros. La declaración de Ramírez se produce después de que la semana pasada Velasco impusiera una fianza de 100.000 euros al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, para evitar su ingreso en prisión, que tiene ahora de plazo para pagarla hasta el próximo jueves después de que el juez lo haya prorrogado hoy.