Una de las medidas más controvertidas que puede tomar un Gobierno a la hora de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado es la de congelar el sueldo de los funcionarios. Decisión polémica y relevante pero que en en España hace tiempo que dejó de ser una novedad: las cuentas públicas de 2014 condenan por cuarto año consecutivo a los empleados públicos a mantener el mismo sueldo del año anterior, —en realidad a mantener el mismo que tenían en 2011—. Y eso sin contar que en 2010 esos mismos sueldos ya sufrieron una rebaja media del 5% —aunque en muchos casos llegó al 10%— y la quita de una paga extra en 2012.

'Encadenamos cinco años consecutivos entre congelaciones y recortes varios. Entre 2010 y 2014 vamos a acumular una pérdida del 30% de poder adquisitivo', señala Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario entre los empleados de la Administración General del Estado, la llamada administración central.

El objetivo del Gobierno sigue siendo cuadrar las cuentas públicas como sea aún a costa de unos empleados públicos que cada vez se ven más ahogados, recuerda Borra: 'Todo tiene un límite y en el caso de los empleados públicos ese límite lo pasamos hace ya algunos Presupuestos. Estamos hablando de sueldos que en muchos casos escasamente superan los 1.000 euros'.

'Al no haber una oferta de empleo adecuada se van reduciendo cada vez más los servicios que prestamos a los ciudadanos' 

El pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración una de las partidas más importantes de los Presupuestos: según las cuentas de 2014 el Estado central destinará 21.301 millones de euros a pagar a los 560.000 funcionarios y contratados laborales 112 millones menos de lo presupuestado para 2013. Esta cifra no incluye el gasto de personal de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que en ese caso supera los 100.000 millones. En 2012, en concreto, fue de 116.887 millones de euros para todas las administraciones públicas.

Evitar la actualización salarial por el IPC le supone al Estado un ahorro considerable:  según consta el informe de la Comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), el ahorro total desde 2012 hasta 2014, ambos inclusive, será de 12.966 millones de euros, de los que 8.542 millones corresponderan a las autonomías. Esta cantidad se reparte entre los años 2012, 2013 y 2014 y es fruto de las medidas que adoptó el Gobierno en materia de empleo público durante el pasado ejercicio, entre otras, la de establecer en cero la tasa de reposición para la administración pública; la reducción de los días por asuntos propios o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y 30 minutos semanales, entre otras.

 Algo más de la mitad de los trabajadores de la Adminsitración General del Estado tiene más de 50 años y un 10%, más de 60

Borra valora negativamente la congelación salarial, pero pone el mismo enfásis en resaltar que desde el tercer trimestre de 2011 —prácticamente desde que gobierna el PP— se han perdido unos 300.000 empleos públicos. El dato coincide con el que ofreció el lunes el propio Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 'Nuestra preocupación no es sólo por los sueldos. Los 300.000 empleos perdidos que se han perdido eran básicamente personal interino de educación y sanidad, dos servicios básicos'.

Y es que no sólo se congela el sueldo, también la oferta pública de empleo: a ese recorte de 300.000 empleos hay que sumar otro que según Borra se produce de 'forma silenciosa' y que se lleva por delante una media de 70.000 puestos de trabajo al año en el sector público. Borra se refiere a un hecho que se ha generalizado en la administración pública desde 2010: no se sustituye a los funcionarios que se jubilan o que fallecen. Aquel año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció una tasa de reposición cero salvo para los servicios básicos (Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lucha contra el fraude), que tienen una tasa de reposición de 'hasta el 10%', o sea un funcionario nuevo por cada diez que salen. El Gobierno del PP no ha modificado esa norma.

'Vamos a trabajar para recuperar derechos que nos han sido arrebatados', dice el presidente del CSI-F

Los datos oficiales del propio Gobierno reflejan esa realidad: a 30 de agosto de 2013 había 560.111 personas trabajando para la administración central, de los que 497.630 eran funcionarios  y 62.481 personal laboral contratado. Según esos mismos datos, en  los primeros ocho meses de 2013 el personal del Sector Público Estatal se redujo en un 2,95% respecto a 2012. El número de funcionarios había descendido casi en la misma proporción: un 2,72% pero las bajas entre el personal laboral era mucho mayor, un  4,75%, lo que demuestra que en la administración pública también se despide y se ajusta la plantilla. 

La casi nula reposición de los funcionarios públicos preocupa especialmente al presidente del CSI-F. Dos son la razones de su zozobra: en primer lugar el envejecimiento progresivo del cuerpo de funcionarios; y en segundo lugar, la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. 

Respecto a la primera razón, Borra dibuja un panorama inquietante: 'Nos encontramos que en la Administración General del Estado más de la mitad de los trabajadores públicos tienen más de 50 años y el 10% más de 60 años. Si el Gobierno continúa a medio plazo con esta política de limitar la reposición estaríamos en el inicio del colapso de la Administración'. 

Los recortes de funcionarios tienen un segundo corolario: la calidad de los servicios públicos. 'Al no haber una oferta de empleo adecuada se van reduciendo cada vez más los servicios que prestamos a los ciudadanos. La Sanidad, Educación, Justicia y Seguridad son necesarios con crisis o sin ella. Pero se está produciendo un ajuste muy grave en esos sectores y eso incide en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Desde CSI-F siempre hemos defendido que tiene que haber los empleados públicos necesarios, ni uno más pero ni uno menos. Y por eso reclamamos al Gobierno que se siente a negociar un auténtico plan de recursos humanos de las Administraciones Públicas'.

Negociar. Esa es la palabra a la que se aferra Borra. Pero reconoce que el Gobierno muestra muy poca voluntad. La agenda del CSI-F está repleta de reivindicaciones y no sólo salariales: 'Vamos a trabajar para recuperar derechos que nos han sido arrebatados. Por ejemplo, el tema de los moscosos, esos días de libre disposición que nos han quitado. Queremos que nos vayan devolviendo esos días porque no tienen una repercusión en la reducción real del déficit. Sabemos que la crisis es dura, pero lo que los funcionarios demandamos es que no seamos los últimos en ver la salida de este largo túnel', resume Borra.