Publicado: 09.11.2013 08:00 |Actualizado: 09.11.2013 08:00

"Señora Aguirre, ¿fue decisión suya nombrar a López Viejo?"

El PSM, como acusación particular en el'caso Gürtel', plantea 200 preguntas por escrito a la expresidenta madrileña, a quien interroga sobre la existencia de un "gabinete de agenda" personal que potenció sus

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Señora Aguirre, "¿fue decisión suya nombrar a Alberto López Viejo?". El Partido Socialista de Madrid, acusación popular en el caso Gürtel, ha presentado cerca de 200 preguntas por escrito al juez Pablo Ruz dirigidas a Esperanza Aguirre, citada como testigo en el 'caso Gürtel' por su relación con el que fue su viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes, López Viejo, imputado en la causa por percibir, presuntamente, cuantiosas comisiones a cambio de adjudicaciones de eventos públicos. La expresidenta madrileña se ha acogido al privilegio de declarar por escrito, ahorrándose el trago de acudir a la Audiencia.

El PSM centra una parte de su interrogatorio en si Aguirre, tras acceder a la Presidencia de la Comunidad en noviembre de 2003, creó a finales de 2004 un Gabinete especial, donde habría trabajado López Viejo, para llevar su agenda personal potenciando sus apariciones públicas en eventos.

Una de las líneas fundamentales en el interrogatorio planteado por los socialistas busca demostrar que la capacidad de López Viejo para decidir cómo y a quién se adjudicaban contratos en la Comunidad de Madrid, no venía derivada de su condición de miembro del Gobierno, sino por su condición de miembro de ese "gabinete de agenda de la presidenta" y por ser persona de la absoluta y total confianza de la presidenta, además de haber llevado a cabo sus campañas electorales.

De hecho, se pregunta también sobre si las empresas que se beneficiaron de esta práctica irregular eran las mismas con las que el Partido Popular de Madrid hacía sus actos de campaña política y que después fueron abonados por FUNDESCAM.

Según explican fuentes del PSM, Aguirre creó el "Gabinete de agenda de la presidenta" a finales de 2004 y de él habrían formado parte su núcleo de colaboradores más cercano, como López Viejo, Alejandro Halffter y algunas personas de empresas privadas especialistas en imagen. A este Gabinete, que se reunía todos los lunes por la mañana, es al que Aguirre comunica los actos a los que quiere acudir a lo largo de la semana y a los que no, los mensajes políticos que desea lanzar, las entrevistas que quiere realizar o con quien desea reunirse.

El objetivo del Gabinete, según señala esta acusación popular, era ejecutar de manera coordinada todas las instrucciones dadas por la presidenta. Es este elemento el que explica que cualquiera de los componentes de este Gabinete tuviese la capacidad de influir de manera transversal en las decisiones de cualquiera de las consejerías. Todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid sabía que había que acatar las instrucciones que vinieran de los miembros de este gabinete, ya que ellos eran los encargados directos de transmitir las ordenes de Aguirre.

Varias de las preguntas se centran en intentar demostrar hasta dónde llegaba el control que la propia Aguirre ejercía sobre todo lo que la rodeaba. El PSM llega a perguntar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid si su control abarcaba la elección de "cómo debían de ser las traseras de los actos, el color del rotulador que debía tener a su disposición, la marca de los bolígrafos que habían de ser enterrados en las urnas de las múltiples primeras piedras que colocó, el tipo de luz que debía haber en el atril o incluso el momento en el que se coloca el Niño Jesús en el Belén de la Comunidad de Madrid".

Incluso preguntan si Aguirre ordenó que fuesen de terciopelo y no de plástico las cajas donde se introducían las monedas que se usan en los actos de colocación de primeras piedras.

Esas preguntas persiguen entrar en contraste con la afirmación de Aguirre de que no sabía con quien se contrataban los actos, señalan fuentes de la PSM. "Cuesta trabajo creer que quien controlaba hasta el más pequeño detalle, se desentendiese de las cuestiones principales", indican los mismos medios.

Para insistir en la línea argumental de que la única manera de entender que López Viejo tuviese capacidad para trocear contratos y adjudicarlos a dedo, de manera transversal en todas las consejerías, viene por su pertenencia al equipo de colaboradores encargado de ejecutar de manera directa las órdenes de Aguirre y no por ninguno de sus puestos en el Gobierno, el cuestionario recoge varias preguntas que buscan demostrar que ninguno de los cargos que López Viejo desempeñó en el Gobierno, tuvieron jamás oficialmente la competencia de organizar eventos en otras consejerías que no fuese la suya.

Más allá de la cuestión de los contratos troceados en la Comunidad de Madrid, y otorgados a dedo a la trama Gürtel, los socialistas también han registrado una serie de preguntas para que le sean formuladas a Aguirre, con el objetivo de averiguar qué conocía la ex presidenta sobre la adjudicación de una parcela en Arganda que parece ser el origen de la comisión de más de 24 millones que Martinsa pagó a Correa, en lo que se ha dado en llamar "el mayor pelotazo de Gürtel".

El propio Bárcenas confirmó en su declaración que en 2004 se produjo una reunión en Génova en la que se encontraban Rajoy, Aguirre y él mismo, entre otros. De ahí que se pida a Aguirre que confirme su asistencia a esa reunión y se le pregunte si es cierto que, tal y como se ha publicado, el objetivo de la misma era advertirle de que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el alcalde de Arganda podían estar involucrados en la adjudicación irregular de una parcela en aquel municipio.

Martinsa acabó finalmente siendo adjudicatario de esa parcela, tal y como parece que se le había advertido a Aguirre, por un precio muy por debajo de su valor real, sin embargo, esa operación alcanzó su grado máximo de rentabilidad cuando tras la adjudicación la Comunidad de Madrid, presidida por Aguirre, modifica la edificabilidad de la misma, aumentándola en un 70%.

Esta modificación de la edificabilidad fue firmada por personal político de confianza de Enrique Porto, alto cargo del Gobierno nombrado por Aguirre y relacionado con la única empresa que emitió un informe favorable a que Martinsa fuera la adjudicataria de la mencionada parcela en el concurso público convocado por el ayuntamiento.

Saber cómo es posible que Aguirre, con conocimientos y capacidad para detener una operación urbanística irregular en Majadahonda, tal y como aseguró al afirmar que ella "había destapado la Gürtel", no hiciera nada para detener o denunciar una operación similar en Arganda, máxime cuando en ella participó su gobierno con una modificación de edificabilidad, es el objetivo de otras de las preguntas registradas.

Siguiendo con la adjudicación en Arganda, los socialistas también quieren que Aguirre aclare si estuvo al tanto del viaje a Colombia entre el vicepresidente de su gobierno, gobierno que había firmado la modificación de la edificabilidad de la parcela de Arganda adjudicada a Martinsa, y el presidente de esa misma empresa, si conocía el objetivo del viaje o el motivo por el que el empresario acudía a él.