BARCELONA.- La oferta que encontrará el ciudadano catalán cuando se acerque a su colegio a escoger papeleta de voto este domingo será diferente a la de otras ocasiones. Si lo que busca son los líderes conocidos de los partidos que suelen encabezar las listas, también observará que el panorama es diferente, porque todos son nuevos en este papel.

El Partido Popular ha intentado reforzar su marca endureciendo el mensaje contra el auge del soberanismo. Se trata, dicen en sus carteles, de “plantar cara”. Y ya lo hizo en el momento de elegir como candidato a Xavier García Albiol, conocido más que nada por sus expresiones xenófobas, reiteradamente denunciadas, pero de las que se siente orgulloso.
No falta quien piensa que el PP optó por este personaje, desalojado del gobierno de la ciudad de Badalona tras las elecciones del 24M, en clave diferente a la de las elecciones catalanas.

Muy lejos queda el tiempo en el que el PP y Convergència, se encontraban en condiciones y en necesidad, desde sus respectivos gobiernos, de escenificar pactos como el del hotel Majèstic, con concesiones en materia de financiación y en competencias y con contrapartidas de apoyo político en el Parlament.

La proximidad de las elecciones generales y la previsible permanencia de la batalla política en torno a la eventual independencia de Catalunya, junto a la búsqueda para el PP catalán de una dirección alternativa a la de Alicia Sánchez Camacho, pueden ser algunas de las claves de la elección de García Albiol.

Todo indica que el PP sufrirá un fuerte retroceso en estas elecciones, debido, sobre todo, al trasvase de votos hacia Ciutadans. Mariano Rajoy, sin embargo, se ha empleado personalmente en la campaña, en la que también ha conseguido implicar al expresidente francés Nicolás Sarkozy.

Buena parte del discurso del PP se ha basado en las amenazas esgrimidas con la llamada “campaña del miedo”, con la que se ha pretendido demostrar entre otras cosas que Catalunya quedaría fuera de la Unión Europea si accediera a la independencia, los pensionistas verían en peligro sus ingresos y los ciudadanos se encontrarían incluso amenazados porque no podrían disponer de sus ahorros como consecuencia de un “corralito”.