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Los socialistas valencianos piden ayuda para su lucha anticorrupción

El PSPV, personado como acusación particular en varios de los casos de corrupción que han saqueado las arcas públicas valencianas en los últimos años, pide ahora la colaboración económica de los ciudadano

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Antes de que se pronunciara la sentencia por el caso de los trajes de la trama Gürtel, Francisco Camps ya acudió a escucharla a la sala del TSJ valenciano con una sonrisa en sus labios. Pero si su satisfacción al recibir aquel 'no culpable' no es todavía plena es porque -como se puso de manifiesto esta misma semana- aquel veredicto emitido por un jurado popular será en breve revisado por el Tribunal Supremo y el ex presidente aún puede volver a ser juzgado por aquel asunto.

Sin embargo, el recurso que ha posibilitado esta revisión no lo interpuso la fiscalía -pese a las caras de sorpresa que pusieron las fiscales del Estado al escuchar la sentencia- sino la acusación particular, encarnada por el PSPV. 

Esto tiene un precio y no es poco. La factura de Virgilio Latorre, el letrado que consiguió que la ciudadanía supiera que Camps, en lugar de pagar, daba la mano a las cajeras cuando estas le ofrecían el ticket de compra, asciende a más de medio millón de euros. Y el caso Gürtel, en el que Latorre representa la acusación particular del PSPV en varias piezas, no es el único en el que los socialistas valencianos presentan batalla.

El PSPV se encuentra personado en la actualidad como acusación popular en el caso Cooperación que investiga el saqueo de dinero público destinado a la cooperación al desarrollo desde la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano comandada por el diputado autonómico del PP Rafael Blasco. También ha actuado en dos piezas del caso Brugal. La primera investiga el supuesto saqueo de fondos públicos a través de la Diputación de Alicante y el sistema de recogida de residuos. La segunda, el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en el que se encuentran presuntamente involucrados el exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y la alcaldesa Sonia Castedo, ambos del PP.

Asimismo, los socialistas valencianos están personados en otras tantas causas que investigan la actividad de la trama Gürtel en el País Valencià, como la relacionada con la contratación del stand de Fitur con el entramado o el que investiga la presunta financiación ilegal del PP en las campañas electorales autonómicas y locales de 2007 y las generales de 2008.

A su vez, estas personaciones se unen a dos más que se remontan a los gobiernos de Eduardo Zaplana: El de Terra Mítica, que investigó presuntos delitos fiscales, mercantiles y de falsificación cometidos durante la construcción del parque temático de Benidorm con la participación de la Generalitat, muchos de ellos ahora archivados por la prescripción de los mismos. Y el IVEX, en la causa que investiga la contratación en B de Julio Iglesias por alrededor de 4 millones de euros para la promoción de la comunidad autónoma. El montante global de estas personaciones habría costado hasta hoy a las arcas del partido -según fuentes del PSPV- alrededor de un millón de euros.

Este coste, unido a la deuda que arrastran los socialistas valencianos (y que se estima en alrededor de 9 millones de euros), ha llevado a sus responsables a lanzar una campaña a través de Internet para animar a la ciudadanía a realizar aportaciones -desde 5 a 200 euros, o la cantidad que el donante decida- para sufragar esta lucha. Así lo reconoce a Público la presidenta del PSPV en Les Corts, Ana Barceló, que no obstante añade que su partido cree 'necesario implicar a la ciudadanía en esta lucha, y hacerles ver que no solo es obligación de todos denunciar casos de este tipo cuando se es consciente de ellos, sino implicarse hasta el final'.

 

El mensaje de Barceló no es baladí, pero por si acaso lo aclara: 'de estas actuaciones contra la corrupción muchas formaciones sacan rédito político, pero para que se produzcan no vale solo denunciar, hay que personarse, estar allí'. Y es que mientras el PSPV, que además de poner en conocimiento algunos de los indicios que han desembocado en estos casos también se ha personado como acusación en los mismos -'para sumar esfuerzos a los de la Fiscalía'-, otros partidos del arco parlamentario se han limitado a las denuncias -solo Esquerra Unida está personada en la pieza de Brugal referida al PGOU de Alicante-. O lo que es lo mismo, según el PSPV, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Fuentes de Comprimís y EUPV reconocieron a este diario que estas personaciones están fuera de sus posibilidades económicas.

No obstante, aclara Barceló, en esta iniciativa no les mueve 'un mero afán recaudatorio', sino que su deseo es 'que la gente tome conciencia de que perseguir los delitos tiene un coste económico, y que en hacer salir de la vida política a los corruptos es algo en lo que nos tenemos que implicar todos'.

¿Pero está calando este mensaje? Por un lado, la presidenta del Grupo Parlamentario del PSPV en Les Corts aprecia que, con la crisis, la ciudadanía ha empezado a cambiar su percepción sobre la corrupción. 'Hasta que ha cambiado la situación y la corrupción ha derivado en un empobrecimiento generalizado de la sociedad, la ciudadanía en general no le daba la misma importancia que ahora', señala. ¿Y se está valorando el esfuerzo del PSPV? 'Eso ya es otra cosa', reconoce. Si se atiende a los primeras cifras de recaudación de la campaña, podría decirse que no mucho. En las dos primeras semanas de campaña, el partido informó haber recogido donaciones por valor de 2.000 euros, una cantidad que no alcanza el 0'5% del dinero que el PSPV adeuda al bufete de Virgilio Latorre.

'Tenemos tres objetivos claros: que se devuelva hasta el último céntimo que han robado, que no escapen a la Justicia los culpables y seguir hasta el final todos y cada uno de los casos de corrupción de los que tenemos conocimiento', declaró el vicesecretario de Organización del PSPV-PSOE, Alfred Boix, cuando comunicó esa cifra. Sin embargo, como esta misma semana reconoció el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, su grupo quizás no pueda personarse en el caso Nóos para tratar de esclarecer el presunto saqueo de la trama en las arcas del consistorio valenciano -ante la falta de interés del propio equipo de gobierno que dirige Rita Barberá- como habían anunciado, en el caso de que se impusiera a los imputados una fianza muy alta. Y es que la Justicia -'y más tras la última reforma del ministro Gallardón', como señala la diputada Barceló- tiene un precio muy alto.