Publicado: 01.11.2015 23:31 |Actualizado: 02.11.2015 08:11

El Gobierno pone en marcha las subastas judiciales por Internet sin saber todavía cómo las va a hacer

Los ciudadanos pueden, desde el pasado 15 de octubre, pujar a través de la red por cualquier bien embargado por la Justicia. El sistema, sin embargo, presenta aún incógnitas.

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Exterior del edificio que alberga los juzgados de Marbella.

Exterior del edificio que alberga los juzgados de Marbella.

MADRID.— Siempre se ha dicho que la Justicia española es decimonónica, que se ha quedado anclada en el pasado, con juzgados enterrados en montañas de papel y un funcionamiento más propio del "vuelva usted mañana" de Larra que de una institución adaptada al siglo XXI. 

Pero ahora el ministerio de Justicia ha puesto el acelerador para culminar una legislatura paralizada en materia judicial y muy activa en cuanto a las limitaciones del poder judicial o las reformas: desde el pasado 15 de octubre la Justicia ha entrado en la modernidad, ya que desde ese día cualquier bien embargado por la administración —casas, coches, joyas, etcétera—, y que un juez haya ordenado que se subaste se venderá al mejor postor a través de Internet. Hasta ahora el anuncio de las subastas se publicaba a través de los edictos que se colgaban en el tablón de anuncios del juzgado y la celebración era presencial, lo que permitía a los subasteros pactar precios o intimidar a espontáneos.



Ahora los casi 2.000 juzgados de primera instancia mandarán al Boletín Oficial del Estado (BOE) todas las ejecuciones de embargos para que las subastas se ejecuten a través de Internet, pero hay un problema: a pesar de llevar dos semanas en vigor, las subastas electrónicas todavía no se han extendido porque falta que el Gobierno defina cómo se gestionarán los depósitos de quienes quieran participar en las pujas. Para tener derecho a pujar, hay que depositar previamente el 5% del valor de tasación del lote que se quiere adquirir.

Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) —actualmente, Letrados de la Administración de Justicia— denuncia que el Gobierno ha empezado la casa por el tejado: ha aprobado el sistema de subasta electrónica pero no la forma en la que se gestiona.

Hasta ahora las subastas se realizaban en los juzgados, pero ahora han pasado a una página de Internet que gestiona el Boletín Oficial del Estado. Abarca las subastas judiciales y las notariales, después de una de las últimas reformas del Ejecutivo permite a los notarios subastar bienes bajo su responsabilidad. En el futuro se incorporarán las subastas administrativas.

Las subastas de bienes ejecutados abarcan desde pisos, locales comerciales y terrenos a coches y hasta joyas. La ventaja para el ciudadano es que puede participar desde su casa en Ávila, por ejemplo, y comprarse un trastero en Vigo. Además, pueden pujar por debajo del valor de tasación. Pero el problema reside en cómo se gestiona el proceso. En Hacienda se permite subastan online y en presencia física para los bienes embargados por el fisco. En cambio, el Gobierno ha optado por la subasta online pura y dura.

Las pujas están abiertas durante 20 días, pero todos los que quieran participar en ellas deben depositar un aval del 5% del valor del bien que se saca a subasta. Para ello se requiere un certificado electrónico reconocido de persona física. Las personas que quieran participar tendrán que darse de alta con firma electrónica en el propio portal de la subasta, que gestiona el Boletín Oficial del Estado.