Publicado: 08.02.2016 19:43 |Actualizado: 08.02.2016 19:53

El Supremo admite a trámite una demanda colectiva contra el decreto de autoconsumo eléctrico

Greenpeace, el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, Alternativa Verda, Dia de la Terra y Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, entre otros, consideran que la norma aprobada por el Gobierno que penaliza la conexión a la red vulnera numerosas directivas europeas y frena la transición hacia un sistema 100% renovable

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Paneles solares.

Instalación de paneles solares en un tejado particular.

BARCELONA.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda colectiva presentada por dode organizaciones, empresas y particulares contra el Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, que regula el autoconsumo, porque los denunciantes consideran que vulnera la normativa española y varias directivas comunitarias.

El recurso fue admitido el pasado martes, 2 de febrero, y fue presentado por Greenpeace España, Lasal del Varador, Solares-Solartys, Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, Josep Puig Boix, Lluís Maria Coll i Ripoll, Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar y Solar Tradex, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya ha expuesto este lunes en un comunicado que esta normativa española sobre autoconsumo "además de ser la más restrictiva del mundo, es ilegal".

La entidad ha lamentado que, "tras cuatro años de borradores e incertidumbre regulatoria claramente dirigidos a evitar el crecimiento del sector del autoconsumo eléctrico", el decreto es una barrera regulatoria que desincentiva el autoconsumo.

Democratización de la energía

Asimismo, defiende la "imparable democratización de la energía" y el hecho de que cualquiera pueda autoabastecerse con energías renovables a costes inferiores que comprando la electricidad de la red eléctrica.

Para los recurrentes, el Real Decreto 900/2015 vulnera numerosas directivas europeas y "frena la necesaria transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente", así como el derecho fundamental a la entrada de los consumidores en el sector eléctrico en paridad de condiciones.