Publicado: 08.07.2016 17:39 |Actualizado: 08.07.2016 17:39

El Supremo archiva la causa contra Rita Barberá por desobedecer la Ley de Memoria Histórica

El alto tribunal considera que no había una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de dicha Ley

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Rita Barberá, el pasado 12 de abril, a su salida de la Audiencia de Palma tras prestar declaración en el juicio de Nóos. / EFE

Rita Barberá, el pasado 12 de abril, a su salida de la Audiencia de Palma tras prestar declaración en el juicio de Nóos. / EFE

MADRID.- El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta a la actual senadora del PP Rita Barberá por incumplir la Ley de Memoria Histórica en València durante el periodo en el que la senadora del PP fue alcaldesa de la ciudad.

En un auto hecho público este viernes, cuyo contenido coincide con el criterio de la Fiscalía, la Sala de lo Penal rechaza la denuncia por delitos de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente por una falta contra el orden público por no ser los hechos constitutivos de delito, en la misma línea que ha venido haciendo en los últimos años con denuncias similares contra otros alcaldes que también eran aforados como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; o Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador.



El asunto le fue remitido al Tribunal Supremo a finales del pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que alegó la condición de aforada de la parlamentaria para declararse incompetente respecto de este asunto tras acreditar la condición de Barberá como miembro del Senado -forma parte de su Comisión Permanente y además es senadora territorial-, por lo que su puesto no es renovado tras las últimas elecciones del 26-J.

El alto tribunal destaca también que la Ley de Memoria Histórica de 2007 recoge la obligación genérica de las Administraciones Públicas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia del juzgado valenciano no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barberá para tomar medidas y retirar esos símbolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.

"Ambos elementos -destaca el auto del Supremo- la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito invocado, es decir, para otorgar relevancia penal a los hechos".

No se le ordenó catálogo de vestigios

Del mismo modo, tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y específica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La denuncia contra Barberá fue planteada por dos dirigentes del PSOE valenciano y el abogado Eduardo Ranz.

Formalmente, Barberá dejará de ser senadora el próximo 18 de julio, fecha en la que se disolverán las comisiones Permanentes tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, si bien volverá a recuperar su condición un día después cuando se constituyan las Cortes.

Fiscalía no ve delito

Lo que aún sigue pendiente es el dictamen que debe elaborar el Ministerio Público por otra de las causas que han llegado al Supremo contra Barberá, que es la remitida por titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, por presunto blanqueo en el grupo municipal del PP en el Consistorio en el marco de la denominada 'Operación Taula' derivada del caso Imelsa.