El Tribunal Supremo  ha rechazado este jueves retirar la inhabilitación como diputado que pesa sobre el presidente catalán, Quim Torra. La medida cautelar había sido solicitada por el afectado -con el apoyo de la Fiscalía- mientras se resuelve el fondo de su recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que lo declaró 'inelegible' de manera sobrevenida tras ser condenado en sentencia no firme a un año y medio de inhabilitación.

La Sala de lo contencioso-administrativo aprueba este auto por unanimidad, tras un intenso debate y con filtraciones en ambos sentidos. Concluye que el acuerdo de la JEC no crea "una situación irreversible", mientras que acceder a la medida cautelar "supondría privar de efecto a preceptos legales vigentes", según el auto difundido cerca de las 14 horas de este jueves.

La decisión de los cinco magistrados de la Sección Cuarta se mantendrá hasta que dicten una sentencia sobre este recurso, para lo que habrá que esperar al menos dos meses. Es la segunda vez que consideran improcedente paralizar el acuerdo de la JEC. Torra deberá pagar las costas del procedimiento.

Esta resolución tiene consecuencias políticas de calado para Torra -pierde el escaño, cuando el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado- y anuncia un choque institucional del Parlamento catalán con el alto tribunal.

Los servicios jurídicos de la cámara autonómica concluyeron que no es posible una declaración de "inelegibilidad sobrevenida" -algo que deberá resolver el Supremo en su sentencia- y que el Estatut y la ley de Presidencia de la Generalitat establecen como causa de cese del president la condena a una pena de inhabilitación por una “sentencia firme".

"Quejas reiterativas"

El auto ha tenido como ponente al magistrado Jorge Rodríguez-Zapata y considera que los argumentos expuestos por Torra y la Fiscalía para lograr la suspensión cautelar se refieren al fondo del recurso y han de ser afrontados en la sentencia que dicte la Sala. 

La Sala resuelve que "las quejas reiterativas" sobre una supuesta actuación "intempestiva, sesgada, indebida o parcial" contra la JEC "son claramente inconsistentes y sólo pueden excusarse en una visión benévola de
extralimitaciones en el ejercicio del derecho de defensa".

Los argumentos de Torra, además, "guardan relación con el proceso penal en que ha sido condenado el recurrente y, por tanto, en esa medida, quedan fuera del enjuiciamiento contencioso-administrativo". Y "no permiten apreciar en este momento la inconstitucionalidad" del acuerdo respecto a la Ley Electoral.

Dudas jurídicas

El pasado 17 de enero, el ministerio público apoyó la petición de Torra en su escrito presentado ante el Supremo, “en orden a la prudente y equilibrada preservación” de los intereses en conflicto. Incluso reconocía la existencia de dudas jurídicas sobre la competencia de la JEC para retirar el acta de diputado autonómico de Torra.

Las dudas jurídicas se centran en que Torra es diputado desde el año 2017; esto es, lleva dos años en el escaño y la JEC le declaró “inelegible”de manera sobrevenida. Diversos juristas consultados por Público consideran que el acuerdo de la JEC tendría que pesar en próximas elecciones, pero no para su situación actual.

El fiscal de lo Contencioso, Pedro Crespo, es quien firma el escrito. Alegó que la Ley Orgánica del Régimen Electoral "no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños".

Torra: "Nada ha cambiado"

El pasado 4 de enero el Parlament ratificó el acuerdo de la Mesa de considerar a Torra diputado y de no aceptar su inhabilitación, lo que el propio presidente catalán ha recordado nada más conocer este auto del Supremo.

"Nada ha cambiado y no daremos marcha atrás", ha remarcado Torra, que ha subrayado: "Soy diputado y presidente de Catalunya porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament", informa Efe.

La polémica decisión de la JEC se produjo el 3 de enero a consecuencia de la condena del presidente catalán a un año y medio de inhabilitación por el delito de desobediencia al no retirar lazos amarillos y pancartas políticas del balcón de la Generalitat durante un periodo electoral. La orden de retirada provino de la propia JEC y la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) aún no es firme.

Por otro lado, el Supremo ha dado un plazo de cinco días al Parlament para que decida si se presenta en este proceso, ya que lo solicitó la Mesa y el alto tribunal responde que no es el órgano competente sino que debe ser el Pleno de la asamblea legislativa