Publicado: 07.07.2014 17:47 |Actualizado: 07.07.2014 17:47

El Supremo ordena a la Audiencia Nacional juzgar al presidente de Damm

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El Tribunal Supremo ha estimado el recurso que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias por las que el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, fue imputado por el juez Pablo Ruz por delitos contra la Hacienda Pública.

Anticorrupción había presentado escrito de acusación contra él solicitando 14 años de prisión como responsable de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que el recurso, presentado el pasado mes de enero, ha sido estimado y que ello obligará a la Audiencia Nacional a seguir adelante con las actuaciones.

El auto por el que se sobreseyó la causa había sido firmado por los magistrados de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara, María de los Ángeles Barreiro y Guillermo Ruiz-Polanco.

En esta resolución, notificada el pasado 2 de enero, se estimaron los argumentos del abogado José Antonio Choclán y se señalaba que producía "cierta extrañeza" que aunque las actuaciones se iniciaran por Ruz en junio de 2009 contra el Demetrio Carceller Coll, expresidente de la cervecera y padre de Carceller Arce, éste último no fuera imputado hasta junio del pasado año, muy poco antes de cerrarse la instrucción. Se añadía que el proceso que se archivaba en ningún modo debía perjudicar a la honorabilidad del empresario.

En el auto dictado por la Audiencia Nacional ahora revocado se señalaba que "tras el examen de lo actuado, resulta cierto de toda certeza que los datos consignados como inculpatorios tomados en consideración en dicho auto -6 de junio de este año- preexistían con notable anterioridad al mismo, sin que (...) se añadan otros datos novedosos (...) como resultado de ulterior investigación que permitieran la también novedosa imputación".

La resolución de la Sala añadía que Ruz "se limitó a asumir la solicitud del Ministerio Fiscal sin sumar a sus alegaciones consideración alguna autónoma, de cosecha propia, seguramente por estimar (...) que ya se concretará la imputación y que es mejor dejar las cosas para el plenario", añadía la Sala.

El juez central de instrucción 5 Pablo Ruz dictó auto de apertura de juicio oral contra Demetrio Carceller padre por varios delitos contra la Hacienda pública y le impuso una fianza de 511,2 millones de euros. La fianza impuesta en el mismo auto a su hijo, CarcellerArce, fue de 253,6 millones de euros. Anticorrupción entiende que Carceller padre escondió rentas y patrimonio al menos desde el año 1990 a través de un complejo entramado empresarial y societario, de tal forma que cifró la la supuesta evasión fiscal entre 2001 y 2009 de 42,34 millones en el pago del IPF y de 29,69 millones de Impuesto de Sociedades.

La Fiscalía atribuye a Carceller Arce un delito de cooperación necesaria en delitos contra Hacienda por supuestamente contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (EE.UU.), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa negaba este extremo y sus argumentos fueron acogidos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional llamando la atención sobre el hecho de que por dichas actividades viniera siendo imputado, desde el inicio del procedimiento hace cuatro años y hasta el pasado junio el empresario Javier Ribas, cuya implicación fue revocada precisamente en el mismo auto en el que se incluyó la del presidente de Damm. Ahora, el Supremo revoca esta decisión y ordena seguir con las actuaciones.

La defensa incidía en que "sin duda habrá pesado en aquella decisión la circunstancia de que el señor Ribas es hijo de doña Manuela Vila Adroher, que ha presentado declaraciones complementarias y regularizado su situación tributaria" con Hacienda.

Según los documentos, la madre de Ribas abonó tras la imputación de su hijo en 2010 más de cinco millones de euros, tras presentar declaración complementaria por el IRPF entre 2005 y 2009 y el Impuesto de Patrimonio entre 2005 y 2007.