Fago, el pequeño pueblo del Pirineo oscense, tenía derecho a la tierra cuya reclamación acabó, tras tensar la vida cotidiana en el valle, costándole la vida a su alcalde, Miguel Grima, asesinado en una emboscada nocturna y arrojado a una cuneta la noche del doce de enero de 2007.

El forestal Santiago Mainar Sauras cumple en la prisión de El Dueso una condena de veinte años y nueve meses de prisión como autor del crimen, aunque los investigadores y los tribunales dejan la puerta abierta a la posibilidad de que participaran más personas, ya fuera en la ejecución o en la preparación.

Ese deslinde, y las consecuencias que había tenido en la convivencia su activación por Grima al poco de llegar a la alcaldía, fueron uno de los ejes de los interrogatorios en la investigación desarrollada por la UCO de la Guardia Civil.

Aunque, obviamente, no fue la única línea de investigación ni el único motivo del crimen en un pueblo que, a pesar de ser uno de los pocos concejos abiertos de España, en los que las decisiones del consistorio se someten a votación de los vecinos, los tres años anteriores al crimen había registrado un descomunal volumen de disputas, incidentes y pleitos relacionados con la actividad municipal. Al alcalde llegaron a cortarle los manguitos del circuito de frenado del coche.

Casi 3.000 hectáreas

La Sala Tercera del Supremo ha avalado las resoluciones por las que el Ministerio de Hacienda determinó en abril y septiembre de 2014 que a Fago le corresponde la jurisdicción sobre 2.876 hectáreas de monte que rodean el pueblo, el único de España cuyo término municipal queda reducido al terreno que ocupan sus escasas casas y calles.

Esa superficie forma parte de los 251,84 kilómetros cuadrados que el vecino municipio de Ansó gobernaba desde 1830 como término propio aunque desde 1878 estaban integrados en la mancomunidad forestal de los dos municipios, que mantenían una representación de 80% para los ansotanos y un 20% para los fagüeños.

La resolución obliga al Gobierno de Aragón a reactivar el expediente de deslinde que mantiene paralizado desde hace más de una década, a pesar de que en 2001 reconoció que Fago “es propietario de una quinta parte del valle” aunque sin tener “clara, en todo su trazado, la línea divisoria entre ambos términos”. Lo último que hizo fue, en 2005, pedir un informe a un catedrático de historia, que le remitió un avance.

La gobernanza del monte desde 1830, cuando el término de Fago quedó reducido en la práctica al espacio que ocupan sus casas, provocaba la inusual situación de que el control de las granjas y explotaciones situadas a unos metros de las casas fuera competencia de un ayuntamiento situado a ocho kilómetros, mientras que el consistorio local debía pedir licencias al vecino para ejecutar obras municipales como las relacionadas con el suministro de agua.

La intención de modificar esa situación casi dos siglos después, y las reacciones de rechazo a esa iniciativa, se convirtieron en una fuente de conflictos que crispó la vida en el valle.

La "irregularidad constante" de un ayuntamiento

La superficie que le ha sido reconocida es, con todo, poco más de la mitad de las 5.200 hectáreas (una quinta parte del territorio de Ansó) que inicialmente reclamaba Fago, que aprobó activar el deslinde en una asamblea en la que la iniciativa obtuvo el apoyo de 22 de los 26 vecinos que participaron en ella; casi el 85% del censo.

La diferencia entre las cifras se debe a que lo que ha resuelto el Tribunal Supremo es una iniciativa propia del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que decidió fijar, “a título provisional, la extensión y límites de los municipios de Ansó y Fago” tras advertir la “irregularidad constante” de que el segundo careciera de término y como paso previo a que el Gobierno de Aragón concrete la ubicación de esa superficie.

Ansó recurrió esa decisión ante el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Supremo, que la ratificaron en los tres casos.

Los papeles estaban en Madrid

Al IGN le había llamado la atención “la imposibilidad de que solo un ayuntamiento no contara con el correspondiente territorio “, como ocurría con Fago. Así, consideró una “irregularidad” el hecho de que figurara “hasta el momento tal municipio sin asignación de superficie alguna”. Y, al poner en marcha el expediente, sus técnicos encontraron una certificación de 1995 en la que figuraba la extensión de esas tierras.

Ansó, por su parte, sostiene que Hacienda, que según su criterio parte del “hecho erróneo” de entender que cada ayuntamiento tiene su término, había invadido las competencias del Gobierno de Aragón al adoptar esa resolución.

En todo caso, añade, el término de Fago “se plasma en el casco urbano de la localidad, donde el citado ayuntamiento, al margen de discrepancias sobre lindes, ha venido y sigue ejerciendo sus competencias como entidad local”, mientras que “desde 1830 en que se optó por la división (…) Ansó ha ejercido sus competencias en todo el territorio excepto el casco urbano de Fago”.