Publicado: 28.09.2015 18:20 |Actualizado: 28.09.2015 20:26

El Supremo revisa el caso Prestige, 13 años después del desastre ambiental creado con el hundimiento del buque

El juicio tardó en celebrarse 10 años. La Sala de lo Penal estudia este martes los 12 recursos interpuestos contra las absoluciones. La Fiscalía pedirá que se repita la sentencia. Reclama 4.328 millones de euros por los daños derivados de la marea negra.

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Momento en el que el casco del Prestige se partió en dos en las costas gallegas.

Momento en el que el casco del Prestige se partió en dos en las costas gallegas.

MADRID.- La Sala Penal del Supremo celebrará este martes la vista pública de los doce recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña contra las absoluciones del capitán del 'Prestige', del entonces director general de la Marina Mercante y del jefe de máquinas del barco por los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y por los daños producidos tras el hundimiento del buque por la marea negra que asoló 1.700 kilómetros de costa atlántica, desde Galicia a Portugal y Francia en noviembre de 2002.

Los doce recursos han sido interpuestos por la Fiscalía, el abogado del Estado, la Xunta de Galicia, el Estado francés, el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de la Vendée. Además, interpusieron recurso la Asociación Ecollogista y Pacifista 'Arco Iris', la plataforma ciudadana Nunca Mais, el capitán y el jefe de máquinas, entre otros.

La Audiencia de A Coruña condenó al capitán del buque Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad. En cambio, lo absolvió, al igual que al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors y al jefe de máquinas, Nikolaos Agrgyropoulos, de los delitos asociados a los daños producidos con la catástrofe ecológica.

La ponente de la sentencia del 'Prestige' es la magistrada Ana Ferrer, primera mujer en llegar a la Sala de lo Penal del Supremo y expresidenta de la Audiencia de Madrid.

La Fiscalía pedirá que la Audiencia repita la sentencia, ya que una parte de una prueba no fue tenida en cuenta en el juicio, informa Europa Press.

El ministerio público reclama en concepto de responsabilidad civil 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento en noviembre de 2002 del buque frente a las costas gallegas y que llegó a Francia.

Si el Supremo acordara una condena para el capitán del buque, ello podría determinar que la operadora del barco y la aseguradora del "Prestige", Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, afrontaran la póliza de 1.000 millones de dólares que tenían suscrita.

Los servicios jurídicos de la Xunta acusan al capitán de incurrir en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en un delito por daños por imprudencia grave, y en un grave delito de desobediencia a la Autoridad Marítima española.

La Xunta reclama una indemnización por los daños medioambientales de 2.433 millones de euros.


En este mismo sentido, la Xunta aprecia que Apostolos Mangouras incurrió en graves negligencias y reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos y otros elementos.

Más de 1.700 kilómetros de costa afectados


El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el 'Prestige', cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

El suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La compleja instrucción del caso dilató enormemente el proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder celebrarse el juicio por el accidente