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Suspendido el juicio del 'caso Guateque' debido a la ausencia de un acusado por problemas médicos

Estaba previsto que la vista oral arrancara este martes por la mañana después de diez años de destaparse la supuesta corruptela. La sesión se reanudará este miércoles. 

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El supuesto cabecilla de la trama de corrupción "Caso Guateque" en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos / EFE

El supuesto cabecilla de la trama de corrupción "Caso Guateque" en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos / EFE

MADRID. - La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido el inicio del juicio por el 'caso Guateque' contra 30 empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados de delitos de corrupción durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón por ausencia de uno de ellos debido a problemas médicos.

Estaba previsto que la vista oral arrancara este martes por la mañana después de diez años de destaparse la supuesta corruptela, centrada en la entonces Concejalía de Medio Ambiente del Consistorio capitalino. La sesión se reanudará mañana miércoles.

La suspensión se ha debido a que uno de los 30 procesados no se ha presentado a la citación ni tampoco su abogada, informando el acusado que se encontraba en el hospital practicándose unas pruebas médicas por una enfermedad grave.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid pedirá un informe médico para comprobar si se podría juzgar al afectado en una pieza separada. Además, la Sección Segunda estudiará las medidas a tomar contra su abogada, dada la obligación que tenía de asistir a esta jornada. Al menos, según las mismas fuentes, el tribunal estudiará medidas sancionadoras contra la letrada por no informar a la Sala de ambas ausencias.

En el caso de que su ausencia se prolongue mucho más por problemas de salud, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid continuará el juicio como estaba previsto mañana a primera hora pero sin él.

En total, son 30 y no 34 como se había informado inicialmente, los acusados de participar en una trama de corrupción en la concesión de licencias municipales a locales de ocio durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón y para los que el Ministerio Público pide entre 31 años y seis meses de prisión.