Apenas ha tomado posesión de su nuevo escaño y ya se ve arrastrado por la polémica. Mariano Pérez-Hickman, flamante sustituto de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados después de que esta abandonara la vida política este lunes, se aferra al acta que recibió este martes, hace escasas horas, y dice no contempla renunciar a ella.

Fuentes cercanas a Pérez-Hickman trasladan a Público que el ya diputado, imputado por un delito ambiental presuntamente cometido cuando era concejal de Pozuelo de Alarcón, no tiene previsto dimitir: "Confía plenamente en que se archivará su caso, porque sólo se le cita por ser teniente de alcalde en una época muy corta", explican.

Por su parte, el PP ha rechazado hacer valoraciones de este caso ante preguntas de este diario.

Esa "época muy corta" se prolongó entre 2009 y 2011, pero las citadas fuentes insisten en que el exteniente de alcalde "no tenía competencias de Medio Ambiente", ni tampoco "fue informado de presuntas irregularidades por la Concejalía que tenía las competencias directas".

"Es un tema de gestión administrativa", insisten. Pérez-Hickman, que ya sustituyó en su escaño al exministro Miguel Arias Cañete en 2014, cuando entregó su acta de diputado para convertirse en Comisario Europeo en Bruselas, fue durante 20 años concejal de este ayuntamiento (1991-2011).

Según la documentación a la que ha accedido este diario, Pérez-Hickman debe declarar ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón el próximo 19 de septiembre, en calidad de investigado por un delito medioambiental. Sin embargo, al haberse convertido en aforado, su declaración podría quedar en suspenso.

La providencia del juzgado recoge que el exconcejal y otros 10 altos cargos de los gobiernos del PP desde 2005, incluida la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, están citados a declarar por este presunto delito.

Es la misma ciudad en la que fue alcalde Jesús Sepúlveda (2003-2009), condenado a 14 años y 8 meses de cárcel por la trama corrupta Gürtel y exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, condenada como partícipe a título lucrativo por la misma trama.

Somos Pozuelo, formación que ejerce la acusación particular en este caso, acusó este martes a Pérez-Hickman de ser uno de los responsables de la gestión de la depuradora del barrio de la Húmera, que vertió aguas altamente contaminadas en la Casa de Campo.

El portavoz de esta plataforma, Pablo Perpiñá, denuncia a este diario que una persona investigada "por hechos tan graves", debería dimitir como diputado en el caso de confirmarse su imputación.