Publicado: 05.11.2015 13:12 |Actualizado: 05.11.2015 14:43

El Constitucional asume la “relevante repercusión social” y política de la resolución independentista catalana

El TC admite a trámite los recursos de Ciudadanos, PSC y PP contra la propuesta de Junts pel Sí y la Cup. Y aún delibera si debe suspender o no de forma cautelar el debate del próximo lunes.

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Iceta, Arrimadas y Albiol en el Tribunal Constitucional, este miércoles./ EFE

Iceta, Arrimadas y Albiol en el Tribunal Constitucional, este miércoles./ EFE

MADRID.- Los once miembros del Tribunal Constitucional deliberaban a última hora de la mañana, en grupos separados y en despachos, la posición jurídica que mantendrán esta tarde en el Pleno sobre si suspenden o no de forma cautelar el debate de la resolución independentista de Junts el Si y la Cup del próximo lunes. No existen precedentes jurídicos de una suspensión cautelar de un debate parlamentario, que ha sido solicitada en los recursos de amparo presentados por los diputados autonómicos de Ciudadanos y del PP.

El pleno del Tribunal Constitucional, reunido esta mañana durante dos horas, ha apreciado la especial trascendencia de los recursos de amparo “porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina en este Tribunal”. El TC señala que el meollo de los recursos “trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales”.



Los once miembros del pleno del Tribunal Constitucional abordan por separado la nueva doctrina que debe sentar el órgano constitucional esta tarde, cuando se reanude la sesión plenaria.

El pleno retoma sus deliberaciones a las 16:30 horas, para decidir si se procede a la suspensión cautelar del debate del próximo lunes, después de que esta mañana el TC haya acordado por unanimidad la admisión a trámite de los recursos de amparo presentados por Ciudadanos, Partido Socialista de Catalunya y el PP. Los socialistas catalanes no han pedido la suspensión cautelar de la sesión parlamentaria, entre otras cosas porque dan por descartado que no será admitida.

El TC decidirá esta tarde si permite el debate soberanista en el parlamento catalán o suspenden de manera cautelar los cuatro acuerdos de la Mesa del Parlament y de la Junta de Portavoces de llevar al pleno del lunes esta propuesta soberanista.

El Tribunal Constitucional ha acordado esta mañana dirigirse al Parlamento de Catalunya para que en el plazo legal de 10 días remita una certificación de las actuaciones parlamentarias adoptadas respecto a la propuesta soberanista recurrida y decida si se persona en el procedimiento.

PP y C's ven una vulneración de los derechos constitucionales

Los parlamentarios de Ciudadanos y del PP consideran que se vulneraron sus derechos constitucionales al acceder a tramitar una resolución sin que la Junta de Portavoces fuera conformada correctamente -faltaba por nombrar al portavoz del Partido Popular, que aún no se había constituido como grupo parlamentario- y por acceder a una propuesta “secesionista” que choca directamente con la Constitución y con el Estado de Derecho.

Los diputados de los tres partidos que solicitan el amparo del TC porque el acuerdo “secesionista” rompe con el ordenamiento constitucional y estatutario y la resolución que se debate el lunes tiene una especial trascendencia constitucional.

Los recursos se interponen contra cuatro acuerdos: la admisión a trámite de la propuesta secesionista adoptada por la Mesa del Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre; el acuerdo del mismo órgano parlamentario del pasado martes, que se desestima la solicitud de reconsideración formulada por los diputados de los tres partidos contrarios y los acuerdos de la Junta de Portavoces del Parlament que dieron paso a la admisión de la propuesta secesionista.

Los 52 diputados solicitan la suspensión cautelar del debate del lunes en tres recursos ya que consideran que se vulneró el derecho de representación que ejercen como parlamentarios y que está amparado por el artículo 23 de la Constitución. También sostienen que se conculcaron derechos constitucionales protegidos por los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución, así como varios preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la ley del Tribunal Constitucional, entre otras normas.