Publicado: 28.07.2016 23:30 |Actualizado: 29.07.2016 07:00

El Constitucional decidirá sobre una inhabilitación de diputados que los independentistas no contemplan

Políticos y juristas coinciden en que la aprobación de las conclusiones de la comisión del Parlament sobre el proceso constituyente no tiene efectos normativos y que, en cualquier caso, la intervención del alto tribunal no podría ser contra los parlamentarios. Con todo, no se descarta ninguna medida porque “hemos entrado en el mundo del no derecho”

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El pleno del Parlament decidirá si se votan las conclusiones de la comisión del proceso constituyente (Parlament / ACN)

El pleno del Parlament decidirá si se votan las conclusiones de la comisión del proceso constituyente (Parlament / ACN)

BARCELONA.- El último capítulo del enfrentamiento entre el gobierno español y las instituciones catalanas volverá a pasar por el Tribunal Constitucional (TC). El ejecutivo, en funciones, de Mariano Rajoy trasladará este viernes al alto tribunal la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente que aprobó el miércoles el Parlament de Catalunya, en una sesión crispada, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP. Los grupos de Ciudadanos y el PP fueron especialmente duros con la votación. En palabras del diputado naranja y miembro de la mesa del Parlament José María Espejo-Saavedra la votación supuso “pisar” el reglamento de la cámara -se modificó el orden del día para introducir la votación en la sesión- y “cuando se incumple la ley tiene que haber alguna consecuencia”. Pero, ¿realmente qué consecuencias políticas y jurídicas puede tener la votación? La respuesta es que no está claro, fundamentalmente porque no existen precedentes.

La semana pasada el TC advirtió al Parlament, y específicamente a la mesa de la cámara legislativa, que tenía el deber de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa relacionada con el proceso constituyente, la hipotética Constitución catalana o el Estado independiente. La votación del miércoles, por lo tanto, significó teóricamente un acto de desobediencia, lo que abriría a que el TC aplicara una serie de medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de su decisión. La potestad para hacerlo proviene de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP, que permite la imposición de una “multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan la resolución”, así como la suspensión de funciones de los cargos que desobedezcan.

A partir de aquí la lectura de lo que puede suceder cambia en función del punto de vista y la interpretación de cada uno. Tanto Ciudadanos como PP considera que tiene que haber algún tipo de medida. ¿Contra quién? Básicamente hacia los diputados que impulsaron la votación y los que la permitieron. En el primer caso entrarían Jordi Turull, portavoz de JxSí, y Anna Gabriel, su homóloga de la CUP, que pidieron la modificación del orden del día de la sesión plenaria para introducir la votación de este asunto. En el segundo, los cuatro miembros independentistas, todos de JxSí, de la mesa del Parlament: la presidenta, Carme Forcadell, y Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Anna Simó.



Turull: “En el Parlament podemos debatir y votar lo que queramos”

Desde el bando independentista las cosas no se ven de la misma manera. Jordi Turull, hasta hace poco uno de los dirigentes claves de la antigua CDC, recalca a Público que el miércoles “no se aprobó ninguna normativa, sino las conclusiones de una comisión de estudio. Y el Estatut deja claro que en el Parlament podemos hablar, debatir y votar de lo que queramos, por lo que no tiene sentido que se hable de inhabilitaciones”. Con todo, el presidente del grupo parlamentario de JxSí admite que “pueden hacer cualquier cosa e ir contra los miembros de la mesa y contra mi y Anna Gabriel, pero no se aguantaría por ningún lado”. Otra cosa, seria si se hubiera aprobado una normativa concreta que chocara contra la Constitución, como, por ejemplo, la ley de transitoriedad jurídica para saltar de la legalidad española a la catalana. Carme Forcadell, por su parte, manifestó ayer en varias entrevista que “no contempla” ninguna inhabilitación por permitir la votación sobre las conclusión de la comisión del proceso constituyente.

Albano Dante Fachín, diputado de Catalunya Sí Que es Pot y flamante secretario general de Podem, apunta que no sabe lo que pasará pero desea que el Constitucional no tome medidas sancionadoras. “Siempre que lo ha echo lo hemos criticado, porque supone una judicialización de la política”. A nivel más de fondo, reflexiona que en relación al conflicto catalán “hay una parte que tiene más poder que la otra, pero parece que la parte con menos poder a veces busca adrede esta reacción. No lo critico y puede ser una estrategia política, pero no sé hasta qué punto nos sirve este dinámica para el objetivo final que tendríamos que tener todos, que es tratar de solucionar un poco el tema”. El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, también ha manifestado que las conclusiones aprobadas no tienen efectos normativos.

“Si se aplica la ley no se puede sancionar a los diputados”

A nivel jurídico, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Joan Queralt matiza “que no estoy tan seguro que el Parlament se haya saltado una resolución del TC, básicamente porque su interlocutoria de hace unos días era una advertencia y no sé qué valor jurídico tiene”. Queralt defiende que si se hiciera una aplicación estricta de la ley no sé podría sancionar a ningún diputado de la cámara catalán por la votación del miércoles, ya que “son inviolables por sus votos”. Otra cosa es que se apruebe una ley que vulnere el ordenamiento contitucional y entonces se podría actuar, pero sólo contra la normativa, no contra los parlamentarios que la han votado.

Con todo, el jurista admite que ve “probable” que se intente inhabilitar a los miembros de la mesa del Parlament, aunque opina que la medida seria “inconstitucional”. En este sentido, subraya que la inhabilitación de diputados supondría, de hecho, “una alteración de la composición del Parlament” lo que tendría consecuencias para la Generalitat y significaría prácticamente una suspensión de la autonomía. Para Queralt, la cuestión es que se ha entrado en el “mundo del no derecho, en el que no hay reglas y en el que todo vale”. Añade que, al fin y al cabo, las conclusiones del miércoles no tienen una aplicación normativa real, pero recuerdo que también se impugnó “el preámbulo del Estatut, cuando no tenía fuerza normativa”.

“No descarto nada, pero si se terminara suspendiendo la autonomía creo que no se entendería en el exterior, básicamente porque los diputados [independentistas] ni tan siquiera han tirado un papel en el suelo. No han echo nada”, opina el catedrático. Como conclusión, señala que “la situación es del todo menos clara” y subraya que el problema de fondo es que “se intenta utilizar el derecho para resolver problemas políticos, cuando estos se tendrían que intentar resolver a través de mecanismos político”. Lo que parece seguro es que no será el último capítulo del enfrentamiento entre las instituciones catalanas y el gobierno estatal que pasa por el Tribunal Constitucional.