Publicado: 20.12.2016 13:32 |Actualizado: 20.12.2016 18:35

El Constitucional notifica al Parlament que investiga la resolución por el referéndum soberanista

El Tribunal, a petición de la Abogacía del Estado, analiza si la resolución  aprobada en octubre contradice sus sentencias

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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (c), junto a los miembros la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet (i), Anna Simó (2i), Lluís Corominas (2d) y Ramona Barrufet (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido después de que el TC les haya notific

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (c), junto a los miembros la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet (i), Anna Simó (2i), Lluís Corominas (2d) y Ramona Barrufet (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido después de que el TC les haya notificado que ha empezado a investigar si la la resolución sobre un referéndum soberanista. EFE/Andreu Dalmau

BARCELONA.- El Tribunal Constitucional (TC) ha notificado este martes a los miembros de la Mesa del Parlament que, a petición de la Abogacía del Estado, ha empezado a investigar si la la resolución sobre un referéndum unilateral de independencia aprobada en octubre por el Parlament contradice sus sentencias.

Poco después de las doce del mediodía, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han llegado a la sede de la cámara catalana para informar a los siete miembros de la Mesa que el alto tribunal ha admitido a trámite un "incidente de ejecución" para analizar si la resolución del referéndum vulnera sus disposiciones.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresidente primero, Lluís Corominas (Junts pel Sí), el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), y los cuatro secretarios de la Mesa, Anna Simó (Junts pel Sí), David Pérez (PSC), Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot) y Ramona Barrufet (Junts pel Sí), así como el secretario general de la Mesa, Xavier Muro, han recibido las notificaciones de mano de los emisarios del TSJC en la Sala 9 del Parlament.

En la hoja de "notificación, apercibimiento y requerimiento" entregada por los letrados de la administración de justicia a los siete miembros de la Mesa, se les informa personalmente de que el TC acordó tramitar el incidente de ejecución que presentó la Abogacía del Estado contra las iniciativas independentistas del Parlament, por lo que la resolución sobre el referéndum quedó suspendida cautelarmente.

La notificación advierte a los miembros de la Mesa de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" y alerta de las "responsabilidades" en las que pueden incurrir, "incluida la penal", en caso de incumplir lo acordado por el TC.

La presidenta del Parlament (i) en los pasillos del Parlament tras recibir las notificaciones en las que el TC ha empezado a investigar la resolución sobre un referéndum de independencia. EFE/Andreu Dalmau

Además, se les requiere que en el plazo de 20 días hábiles presenten sus alegaciones sobre si consideran que la aprobación de la resolución del referéndum contravino las advertencias del TC.

En el informe de la Abogacía del Estado se señala que el Parlament desobedeció la sentencias del TC con su resolución del 6 de octubre referida al "Referéndum" y al "Proceso Constituyente", incluidos en el Título I sobre El futuro político de Catalunya.

El escrito no sólo señala a Forcadell, ya investigada por haber permitido en julio la votación en pleno de unas conclusiones sobre el proceso constituyente catalán que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, sino también a los otros tres miembros de JxSí en la Mesa -Corominas, Simó y Barrufet-, así como a Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot.

Los cinco aceptaron incluir en el orden del día del pleno del pasado 6 de octubre el debate y votación de la resolución sobre el referéndum y dejaron en minoría a los otros dos miembros de la Mesa, Espejo-Saavedra (Ciudadanos) y Pérez (PSC). Por ello, el Gobierno del Estado pide al TC que determine si cabe exigir "responsabilidad penal" a estos cinco miembros de la Mesa por posible desobediencia a los mandatos del alto tribunal.