MADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por Grupo Parlamentario Socialista del Congreso contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que reguló el actual funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Lesmes, según fuentes del tribunal de garantías.

El PSOE recurrió la reforma por considerar inconstitucionales, entre otros, dos puntos del artículo 570 de la LOPJ que son los que establecen la posibilidad de que el CGPJ pueda ser renovado parcialmente, es decir, que si en el Congreso o el Senado se cuenta con el apoyo de tres quintos de la cámara se puedan incorporar los vocales cuya designación corresponde a dicha legislatura, dejando el resto sin actualizar.

El PSOE también recurrió la reducción de funciones de los vocales que no están en el círculo de poder del presidente, así como de competencias del órgano constitucional.

El CGPJ es el órgano designado por la Constitución para seleccionar, formar y disciplinar a los jueces, además de inspeccionar los distintos juzgados y tribunales con el fin de proteger a los jueces de las presiones del poder político y económico.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó este órgano con el asesoramiento del propio Carlos Lesmes siendo magistrado. La reforma concentra todo el poder en el presidente ya que sólo los integrantes de la Comisión Permanente tienen dedicación exclusiva. Integrantes que son renovados cada año a propuesta de Lesmes.

Por si fuera poco, la reforma establece que los 20 vocales que formar este órgano, según la Constitución, sean nombrados por los grupos parlamentarios. La Carta Magna incluye que 12 de estos vocales sean jueces y magistrados en activo y que 8 sean elegidos por el Parlamento.

De un sistema inicial de elección directa, se pasó a uno de elección indirecta de esos 12 vocales de origen judicial... hasta que llegó Mariano Rajoy. Entonces se acordó que también estos 12 vocales de origen judicial sean elegidos por los partidos políticos presentes en el Parlamento.

Fue la represalia diseñada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por la decisión del CGPJ de forzar la dimisión de Carlos Dívar, su entonces presidente, por el escándalo de los viajes privados pagados con dinero del órgano constitucional y que devolvió con posterioridad.

"Esto es la guerra", dijo el Gobierno a los jueces

"Esto es la guerra", fue la frase que el entonces secretario de Estado, Rafael Román, dedicó por teléfono a los vocales de origen judicial que iban a forzar la salida de Dívar. El presidente del CGPJ dimitió en junio de 2012y, en escasas semanas, el Gobierno anunció esta reforma que limita su peso y autonomía y que ahora el Constitucional ha refrendado por unanimidad.

La reforma, aprobada en diciembre de 2012, permite la renovación parcial del CGPJ y no total. Además, crea vocales de primera categoría -los de la Permanente, con dedicación exclusiva- y de segunda categoría, los que tienen que compaginar sus trabajos y pedir autorización a Lesmes para poder viajar a Madrid.

Un atropello, según el PSOE

"Esto es un auténtico atropello 'ad hoc', porque ahora el PP tiene tres quintos en el Senado, y lo que hace es manifestar que, hagan lo que hagan los demás grupos, ellos podrían renovar el órgano constitucional con sólo diez miembros cuando la Constitución española dice que serán un presidente y 20 vocales y no otra cosa en unidad de acto quienes constituirán cada cinco años el Consejo", explicó el diputado Julio Villarubia a las puertas del TC en el momento de interponer el recurso en 2013.

El PSOE también impugnó por inconstitucional que la nueva norma "desapodere de funciones al Consejo y de competencias a los propios vocales" al permitir la compatibilidad de la actividad jurisdiccional o profesional para quince de los veinte de sus integrantes.

Se trata de todos los miembros del Pleno con excepción de los siete que actualmente que conforman la Comisión Permanente, que son los únicos con dedicación exclusiva.