Publicado: 10.03.2014 12:36 |Actualizado: 10.03.2014 12:36

El Estado tendrá que pagar 1,2 millones a la excúpula de Catalunya Bank

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El juzgado de lo Social número 8 de Barcelona ha considerado "improcedentes" los despidos de la cúpula de Catalunya Banc, por lo que la entidad pública tendrá que pagar 1,2 millones de euros en concepto de indemnización.

El expresidente, Adolf Todó, y el ex consejero delegado, Jaume Masana, obligados a dimitir el 10 de mayo del año pasado por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) —dependiente del Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos—. Ahora recibirán 600.000 euros cada uno, o deberán ser readmitidos en la entidad nacionalizada, la segunda que más ayudas públicas ha recibido, con un total de 12.052 millones de euros. El titular del Juzgado de lo Social número ocho de Barcelona, Francisco Leal, estima así parcialmente la demanda promovida por los dos exdirectivos que denunciaron que se trataba de un caso de despido improcedente.

En la sentencia, el juez considera que no queda acreditado por parte de la entidad nacionalizada que los dos exdirectivos incurrieran en incumplimientos o dejación de sus funciones, como argumentaba el FROB para despedirlos sin derecho a indemnización. En su opinión, las cartas de despido que presentó el FROB "carecen de hechos concretos y determinados que puedan reflejarse y recogerse directamente en el apartado de probanzas, estando repleta de comentarios genéricos que tampoco en acto de juicio son objeto de concreción".

En estas misivas, ambas idénticas, el FROB justificaba el "despido disciplinario" de ambos por "un incumplimiento grave y culpable de sus funciones". En concreto, se les atribuye a los dos exdirectivos una actitud de "enfrentamiento y oposición reiterada a las decisiones, criterios y estrategias adoptadas en el banco", por parte del máximo accionista en 2012 y 2013, como era el FROB, hasta el punto de ejercer un papel de "oposición interna" y de "generar un clima de enfrentamiento y perturbación" en el seno de la entidad.

El FROB atribuía la actitud de Todó y Masana a su voluntad de "eludir" y "excusarse" de cualquier responsabilidad propia en la gestión de los últimos años al frente de la entidad financiera. Además, el titular de la entidad culpaba a ambos directivos de la "paralización de la gestión", lo que supone "una flagrante dejación de sus responsabilidades y funciones". Entre otros reproches del FROB, destaca que los dos altos ejecutivos se presentaban ante los potenciales compradores de la entidad, en el primer proceso de intento de venta, con datos que incluían previsiones por pérdidas esperadas muy superiores a las conocidas por los órganos de gobierno del Banco.

El titular del juzgado de Barcelona afirma que la entidad bancaria no ha propuesto pruebas periciales que acrediten muchos de los hechos que imputan a Todó y a Masana, como son, por ejemplo, la dejadez en la negociación con los representantes de los trabajadores y haber encargado un informe innecesario a una consultora por 375.000 euros. El juez no ve debidamente acreditado ninguno de estos puntos por lo que declara la "improcedencia de los despidos".

Todó fue nombrado presidente de Catalunya Banc en octubre de 2011, con el aval del FROB, mientras que Masana, su segundo en la antigua CatalunyaCaixa, asumió el puesto de consejero delegado. El relevo de ambos se produjo después del fracaso de la segunda subasta de Catalunya Banc, por la que se interesaron varias entidades, aunque sus ofertas no fueron lo suficientes, según el Banco de España. 

El FROB estudiaba entonces las alternativas que había sobre la mesa para la entidad, entre las cuales figuraba la posibilidad de crear una especie de holding que coordinara las tres bancas públicas: Bankia, NovaGalicia Banco y Catalunya Banc. El FROB se planteaba, además, reactivar cuanto antes la venta de Catalunya Banc, haciéndolo si era necesario mediante una nueva inyección de fondos a la entidad.

El ministro De Guindos, por su parte, ha afirmado recientemente que espera que la privatización de Catalunya Banc se culmine antes del verano con el objetivo de  "obtener el mayor retorno posible de las ayudas públicas inyectadas en el mismo". El titular de Economía dejó la puerta abierta a que sea un actor internacional quien se haga con el control del banco y aseguró que "no va a haber ningún tipo de troceo" de Catalunya Banc para su venta porque "su valor es mayor si se vende como un negocio integral".  

Tanto Todó como Masana tienen todavía una causa abierta, en la que también está implicado el exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y ex director general de Caixa Catalunya, Narcís Serra. En septiembre de 2013, ellos y otros 50 miembros de la entidad fueron imputados por un presunto delito de "administración desleal" por haber recibido "cobros desproporcionados".

En una situación económica crítica, a principios de 2008 Serra acordó la contratación de Todó como director general y de Jaume Masana como directo general adjunto, cuyos sueldos no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011. Todó cobró en estos años 4,07 millones de euros y Masana 2,89 millones, en ambos casos sumando retribución fija y variable, a lo hay que añadir dietas por ir a las reuniones del consejo de administración.

Mientras tanto, dada la situación económica de la entidad, el FROB inyectó 1.250 millones de euros en 2010; 1.718 más en 2011, y nuevamente 9.084 millones en 2012, con lo que el FROB constituía el 100% del capital.



Catalunya Caixa recurrirá en los próximos días la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona que fija en 1,2 millones de euros la indemnización por despido improcedente del expresidente de la entidad Adolf Todó y del exconsejero delegado Jaume Masana, según han informado a Europa Press fuentes del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).