Publicado: 17.09.2016 20:07 |Actualizado: 17.09.2016 20:07

Tensión entre Govern y Ayuntamiento por la lucha antidesahucios en Catalunya

Las dos grandes administraciones se reclaman más cooperación tras el uso de la fuerza policial empleada para desalojar a una familia con tres menores en Barcelona. Ada Colau destaca que su gobierno ha duplicado los casos de desahucios atendidos respecto a 2015.

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BARCELONA. La lucha antidesahucios que hizo de la activista Ada Colau la actual alcaldesa de la ciudad de Barcelona ha tensionado esta semana la relación entre Govern y consistorio municipal. Las administraciones catalanas se enfrentaron el pasado miércoles tras ejecutarse el primer desahucio con uso de fuerza policial en años en la ciudad de Barcelona, y que suponía dejar sin vivienda a una madre con tres hijos menores.

Tras la suspensión de la ley de emergencia social 24/2015 por parte del gobierno en funciones y el Tribunal Constitucional, ambas instituciones se lograban coordinar para ofrecer alternativas de prórroga o alquiler social a todas las familias en situación de vulnerabilidad desalojadas en Catalunya. Esta semana, sin embargo, se han reprochado responsabilidades y han reclamado más trabajo conjunto.



La primera reacción de la alcaldesa tras el incidente fue condenar la actuación de los Mossos por el despliegue de tres unidades de antidisturbios para echar a la familia del inmueble, llegando a culpabilizar al Govern de permitir o no frenar esta intervención de la policía autonómica. “Alguna cosa falló porque la Generalitat estaba al corriente del desalojo”, defendió la alcaldesa en rueda de prensa posterior. El suceso fue calificado de “excepcional” por Colau, ya que en Barcelona se producen entre 8 y 10 desalojos diarios sin la intervención de cuerpos de antidisturbios y, en su mayoría, con alternativa habitacional tramitada por las administraciones.

Además, como ha lamentado el colectivo de la PAH, hacía tiempo que los Mossos no se violentaban con los miembros de la plataforma ni les pedían identificación, algo que sí pasó en el intento por parar el desalojo de la familia del barrio barcelonés de Sants. Tanto gobierno municipal como la PAH consideran preocupante la desmedida actuación policial y se preguntan si es un cambio de tendencia en la dirección del cuerpo de los Mossos.

El Govern, por su parte, ha insistido esta semana en que los Mossos actuaron bajo órdenes judiciales y que el Ayuntamiento no contactó a la Generalitat para buscar una solución a la familia desahuciada, que después del altercado ya se encuentra en otra vivienda facilitada por el consistorio -aunque previo desalojo, el Ayuntamiento ya estaba tramitando la alternativa habitacional tras dos avisos de expulsión. “Para evitar desahucios, lo habitual es que los ayuntamientos informen a la Generalitat de los casos y actuemos conjuntamente para encontrar una solución”, defendió en un acto público la consejera de Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs.

Imágenes de un desahucio en Barcelona. PAH.

Imágenes del desahucio en Barcelona sucedido esta semana. PAH.

Nueva ley de vivienda catalana

En aquello en lo que sí han coincidido ambas instituciones a lo largo de esta semana es en reclamarse una mayor cooperación para evitar que se produzcan este tipo de desahucios contra familias en situación de vulnerabilidad. Ada Colau ha llamado a “revisar los protocolos” que el gobierno catalán debe seguir una vez las administraciones están al corriente de los desalojos y el Govern ha reclamado más “trabajo conjunto” en la lucha antidesahucios. Por el momento, gobierno municipal y autonómico siguen trabajando para sacar adelante una nueva ley de vivienda que sustituya la impugnada por el gobierno del PP y el TC para acabar con los desahucios en Catalunya. “Esta semana ha habido una primera reunión técnica entre administraciones”, reconocían fuentes del gobierno municipal a Público.

Las instituciones catalanas consideran al gobierno en funciones del PP el máximo responsable de que se sigan produciendo 40 desahucios al día en Catalunya, más de la mitad con menores, sin que exista una normativa que les permita combatirlos y, en consecuencia, lo señalan como el culpable del desalojo de esta semana. El secretario de Vivienda del Govern, Carles Sala, ha insistido a Público en que “más interrelación entre administraciones [catalanas] no puede haber” y que “la legalidad española ha sido la única responsable” de que no se destinara un alquiler social obligatorio para la familia desahuciada.

Imágenes de la reunión entre la alcaldeas de Barcelona, Ada Colau, y la PAH. Ayuntamiento de Barcelona

Imágenes del desahucio en Barcelona sucedido esta semana. PAH.

Barcelona dobla los casos de desahucios atendidos respecto 2015

El gobierno de Colau destacó el pasado jueves en rueda de prensa que se han doblado los casos de desahucios atendidos en los primeros seis meses de 2016 respecto el mismo periodo del año anterior, con el alcalde Xavier Trias. Según datos del Ayuntamiento, de enero a junio de 2015 se atendieron 522 casos en riesgo de desahucio y este año, durante los mismos meses, se han atendido 1.278. Además, la cifra de 2016 supera los 1.092 casos atendidos durante todo 2015.

Además, gracias a la creación en enero de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) el el 98% de las familias desahuciadas no se quedan en la calle y se les proporciona una solución habitacional: una prórroga del desahucio, una nueva vivienda de alquiler social o ayudas para pagar el alquiler.

El equipo de la alcaldesa Colau también anunció que se han abierto y preparado un total de 250 expedientes sancionadores contra grandes propietarios de pisos vacíos para ampliar el parque de vivienda social de la ciudad, aunque 118 están aún pendientes de inspección. Mientras que el Govern se desmarca de las sanciones, la PAH considera esta medida prioritaria para disponer de viviendas a la hora de resolver la emergencia habitacional en Barcelona.