Los dos están imputados, y los dos son los más altos responsables de sus partidos investigados por la financiación irregular de los mismos. Daniel Osàcar Escrig, extesorero de Convergencia Democrática de Catalunya, y Luis Bárcenas, la misma categoría en el PP, tienen en común que sus respectivas formaciones recibieron durante años millones de euros de constructoras, que obtuvieron también obras públicas por millones de euros de administraciones gobernadas por esos partidos.

Una de las diferencias es que Osàcar tiene todavía el respaldo absoluto de su partido, que considera su actuación 'irreprochable' pese a que el fiscal pide para él una condena de 7 años y medio de cárcel y una multa de 20 millones de euros. Además, respecto a CDC, Anticorrupción considera probado que las comisiones ilícitas que recibía de la constructora Ferrovial tenía como contrapartida las concesiones de obras públicas concretas.

De Bárcenas, Mariano Rajoy decía en 2009 que nunca podría demostrarse su culpabilidad, pero ahora es considerado un apestado dentro del partido a raiz de la aparición de sus cuentas suizas con 48 millones de euros, y sobre todo desde que se hicieron públicos los documentos en los que durante años consignó una contabilidad B del partido, que recogía donaciones de constructoras por importe de 4,59 millones de euros sólo entre 2001 y 2012. 

En el escrito de 142 folios elevado este jueves por Anticorrupción al juez del 'caso Palau, en el que acusa al extesorero de CDC, el fiscal Emilio Sánchez Ulled señala que es 'una situación muy evidente en la actualidad, el ascendiente que los responsables de las finanzas de los partidos políticos y los altos responsabls de los mismos ostentan sobre muchos altos cargos de la Administración Pública, quienes en muchos casos ocupan dichos cargos gracias precisamente a su afiliación o a algún tipo de vinculación al partido político a la sazón en el poder'.

'Esta circunstancia --agrega el fiscal--, que debería resultar inocua en el seno del estricto desarrollo de las reglas de mayoría democrática, se presta en la práctica a abusos, como es el caso, donde se corroe la obligada imparcialidad de la Administración Pública en un contexto que viene determinado por la financiación ilícita del partido'.

En el caso de CDC, la Fiscalía señala que en el mecanismo ilícito de cobro de comisiones a Ferrovial a cambio de adjudicaciones participó 'como mínimo' el tesorero --primero Carles Torrent, y a su fallecimiento en 2005, Osàcar--, aunque 'la lógica apunte a que tales dirigentes debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables del partido político, extremo que no ha podido ser suficientemente acreditado'.

El operativo se realizaba cobrando un 4% de comisión a la constructora por cada obra, un 2,5% para CDC y un 1,5% para los entonces responsables del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, que eran quienes disimulaban en forma de patrocinios de publicidad las aportaciones de Ferrovial.

La conclusión: el fiscal pide 7 años y medio de cárcel para Osàcar por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil, así como una multa de 20 millones de euros. Y reclama además que se decomisen 6,6 millones de euros a CDC por proceder de las comisiones ilegales.

En el caso de los 'papeles de Bárcenas', está imputado quien da nombre a los documentos, su antecesor en la Tesorería del PP, Alvaro Lapuerta, y ocho constructores que hicieron donaciones al partido. En total, en el periodo 2001-2012, por valor de 4,9 millones, habiendo recibido en ese mismo periodo obras públicas de administraciones gobernadas por el PP por valor de 12.281 millones.

Bárcenas ha reconocido ser el autor de los apuntes donde dice haber llevado una contabilidad B del Partido Popular entre 1990 y 2008, alimentada por donaciones ilegales de las principales constructoras del país (salvo curiosamente Ferrovial), aunque se cuidó mucho ante el juez de no autoinculparse por delito de cohecho, al señalar que no tenían contrapartidas en la adjudicación de obras públicas. Lo único que conseguían los empresarios es que Alvaro Lapuerta llamase al alto cargo correpondiente en el Gobierno con el que los constructores estaban interesados en hablar, para decirle que le recibiese y le escuchase. Nada más, según Bárcenas.

El extesorero sólo insinuó que pudo haber contraprestación en una ocasión, salpicando a María Dolores de Cospedal. Habría sido en los 200.000 euros dados por Sacyr para la campaña electoral del 2007 del PP de Castilla-La Mancha, vinculados a la concesión del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo.

Hay otra diferencia entre ambos casos, el que afecta al PP y el de CDC, y es que en la causa por los 'papeles de Bárcenas', la Fiscalía Anticorrupción no está sobresaliendo por su impulso de la investigación.

Luis Bárcenas está imputado además en la pieza principal del 'caso Gürtel', por la que está en la cárcel acusado de delitos fiscales, de blanqueo, estafa procesal y falsedad, y en el marco de la cual se descubrió su fortuna de 48 millones en Suiza. En esa causa tampoco está solo como extesorero, ya que también esta imputado por colaborar en el blanqueo de su dinero otro antecesor suyo Angel Sanchis, la persona por la que ingresó en el PP en los años ochenta.

Con anterioridad a Osàcar, Bárcenas, Sanchis y Lapuerta, también fueron imputados otros extesoreros como Rosendo Naseiro --cuya causa por financiación irregular del PP fue archivada al apreciarse unas escuchas ilegales-- o el exresponsable de Finanzas del PSOE Guillermo Galeote --cuya inculpación fue levantada antes del juicio del 'caso Filesa', por el que sí fueron condenados exparlamentarios del partido como Josep María Sala o Carlos Navarro--.