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Los titiriteros recurren el "abuso" de incluirles en el fichero de terroristas

Los abogados mantienen que ninguno de los dos está siendo investigado por ningún delito de terrorismo ni por colaboración o vinculación con banda armada, por lo que no se cumplen los requisitos para que se les meta en el FIES. El ministro del Interior señala que "ignora" si se ha realizado un seguimiento especial. 

Raúl García Pérez, de 34 años, y Alfonso Lázaro de la Torre, de 29, los dos titiriteros encarcelados, a su salida hoy de la cárcel de Soto del Real (Madrid). - EFE

EFE

MADRID.- La defensa de los titiriteros imputados por enaltecimiento del terrorismo ha recurrido su inclusión en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) de bandas armadas, ya que supone un "abuso" de la normativa penitenciaria y vulnera sus derechos fundamentales.

En sendos recursos, los abogados de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez piden al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que anule la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la que se les incluyó en dicho recurso cuando entraron en prisión, de manera que se controlaban todas sus comunicaciones.

Los titiriteros permanecieron cinco días en prisión preventiva tras ser detenidos a raíz de la denuncia de algunos padres que asistieron con sus hijos a ver la obra La bruja y San Cristóbal dentro del programa de las fiestas de Carnaval del Ayuntamiento de Madrid.

Sus abogados mantienen, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ninguno de los dos está siendo investigado por ningún delito de terrorismo ni por colaboración o vinculación con banda armada, por lo que no se cumplen los requisitos para que se les meta en el FIES.

"El enaltecimiento el terrorismo no es un delito de terrorismo", argumentan los abogados de los titiriteros

"De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el enaltecimiento el terrorismo no es un delito de terrorismo", argumentan, al igual que no puede confundirse, dicen, "el delito de genocidio con la apología del genocidio".

Denuncian que aunque ya están en libertad, continúan incluidos en el FIES, con lo que si volvieran a ingresar en prisión se les aplicarían automáticamente el régimen especial de este tipo de reclusos.

Los presos del FIES, dentro de su modalidad de banda armada, deben acreditar la titularidad de los números de teléfono con los que se quiera comunicar y se intervienen todas sus comunicaciones desde la cárcel.

Reacción de Interior

Por su parte, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha recordado que la ley establece que "todas las personas ingresadas en prisión preventiva o que cumplan condena por delitos vinculados al terrorismo son motivo de un seguimiento especial".

El ministro ha señalado que desconoce si se hizo un seguimiento especial a los titiriteros porque ha detallado que hay 60.000 personas que cumplen condena

Así ha respondido, en declaraciones a los periodistas en Logroño, al ser preguntado sobre la información publicada relativa a que "Interior intervino las comunicaciones de los titiriteros en prisión por su presunta capacidad criminal". El ministro ha indicado que no ha leído esta noticia y desconoce si se hizo un seguimiento especial a los titiriteros porque ha detallado que hay 60.000 personas que cumplen condena o están en prisión preventiva en las prisiones españolas.

Ha añadido que si se hizo ese seguimiento especial, lo que ha dicho que ignora, no tiene duda alguna que sería por las razones que ha citado, en alusión a lo que establece la ley en estos casos vinculados al terrorismo o apología del terrorismo. Ha recordado que los titiriteros ingresaron en prisión por orden judicial de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía, por los presuntos delitos de apología del terrorismo, enaltecimiento y humillación de las víctimas.

Fuentes del Ministerio de Interior han detallado a los periodistas que toda interceptación de las intervenciones telefónicas o de comunicaciones a internos en prisión se realizan bajo la supervisión y autorización del juez de vigilancia penitenciaria, en este caso, el de la Audiencia Nacional.

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